{titleflag:pa}San José, Costa Rica, 11 de enero de 2008

La Comisión de Justicia y Paz y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) expresan su preocupación por las violaciones a los derechos humanos ocurridas en la Cárcel Pública de Las Tablas, en Panamá.

La Defensoría del Pueblo denunció públicamente, el pasado 9 de enero, una serie de incidentes violentos en los cuales resultaron heridos 15 privados de libertad. Según la información suministrada, fuerzas estatales antimotines lanzaron gran cantidad de gases lacrimógenos a varios detenidos, los desnudaron rasgándoles sus ropas y desnudos los acostaron en el piso caliente, los esposaron y los golpearon “salvajemente” con las varas policiales, las botas y la culata de las escopetas.

Para CEJIL y la Comisión de Justicia y Paz, éste es uno más de los graves hechos violatorios de los derechos humanos que han caracterizado las cárceles panameñas. Recordemos la denuncia que en enero de 2006 hizo la Procuradora General de la Nación contra las unidades de la Policía Nacional involucradas en abusos y actos de tortura cometidos contra los privados de libertad. Por otra parte, actualmente está en litigio ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el caso Vélez Loor, ciudadano ecuatoriano quien fue víctima de torturas por policías en la cárcel La Joyita. Él denuncio ante esta instancia que sufrió varios malos tratos, que en una ocasión le desnudaron, le tiraron al suelo y le golpearon con un garrote policial en la espalda, las piernas y los pies. Mientras estaba boca abajo, le alzaron la cabeza derramándole gas lacrimógeno en la cara y los ojos.

Adicionalmente, en ocasiones anteriores diversas organizaciones han denunciado las deplorables condiciones en las que se encuentran las cárceles de Panamá, destacando el hacinamiento, la falta de medidas sanitarias, la falta de programas de reinserción social, mala alimentación y otros.

Si bien la situación expuesta no es nueva, desde el inicio de labores de las actuales autoridades penitenciarias, ex militares, se ha observado con preocupación la implementación de una serie de medidas restrictivas como la suspensión de permisos laborales y de estudio, que empeoran las condiciones de los privados de libertad. Desde su llegada al sistema penitenciario las condiciones para los reos son más difíciles y lo grave es que puedan repetirse hechos como los acontecidos en la Cárcel de Las Tablas.

Para las organizaciones denunciantes es urgente para prevenir hechos como los expuestos que el Estado panameño adopte el Protocolo Facultativo a la Convención Universal contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. Este instrumento permitirá visitas de monitoreo por parte de expertos independientes a las cárceles panameñas. Así como hacer recomendaciones a las autoridades competentes con objeto de mejorar el trato y las condiciones de las personas privadas de libertad y hacer propuestas y observaciones acerca de la legislación existente o de los proyectos de ley en la materia.

Mientras Panamá decide sumarse al conjunto de naciones que lidera el respeto por los derechos humanos, es imprescindible que las autoridades inicien una investigación sobre los hechos de tortura de la cárcel de Las Tablas. La investigación oportuna y la determinación de responsabilidades y sanciones también constituyen mecanismos de prevención contra la tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes.