{titleflag:mx}Boletín de prensa SJ/13

Ciudad de México, D.F. a 30 de noviembre de 2007

La resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre el caso Lydia Cacho alienta la persistencia de impunidad

Ante la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en votación dividida de seis votos a cuatro, por la cual ésta rechazó ayer condenar al Gobernador de Puebla, Mario Marín, en relación con la violación grave de garantías contra la periodista Lydia Cacho, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro expresa su preocupación por lo que interpreta como un acto que alienta la persistencia de la impunidad e incrementa la vulnerabilidad de periodistas y defensores de derechos humanos.

Algunos ministros han señalado que aun cuando hubo actos indebidos y algunas violaciones de garantías, eśtas no fueron graves, razón por la cual no ameritan un pronunciamiento de la Corte, a pesar de que la investigación del ministro Juan Silva Meza demuestra la existencia de un concierto de autoridades en contra de la periodista. Señalan también que no encontraron evidencia contundente de la existencia de una conspiración de las autoridades por los hechos acontecidos en diciembre de 2005, en contra de Lydia Cacho. Se consideró que aunque hubo tortura psicológica durante el traslado por tierra de Cancún a Puebla, las afectaciones son reparables por otros medios jurídicos y no a través de un pronunciamiento de la Corte.

El ministro Silva Meza, encargado de la investigación, sostuvo la existencia de violaciones graves de garantías, así como la responsabilidad del gobernador Marín y otros 29 funcionarios estatales.

Ante tales hechos, el Centro Prodh expresa:

1. Las intervenciones de la Corte han servido para evidenciar la persistencia de modos de ejercicio de poder totalmente ajenos a la democracia y a la rendición de cuentas; se ha recurrido a esta instancia ante la constatación de que las instituciones de procuración y administración de justicia están sometidas al poder político, lo que ha permitido abusos de poder y la perpetuación de la impunidad.

2. Al ejercer la facultad de investigación que la Constitución le otorga, el máximo tribunal tendría la posibilidad de hacer frente a la flagrante violación de garantías individuales por parte del poder político. Sin embargo, con la resolución tomada ayer, la Corte ha dejado pasar la oportunidad de contribuir a la consolidación de una democracia tan débil como la nuestra: ha prevalecido la opinión de los ministros que manifiestan cierta complacencia frente al ejercicio autoritario del poder.

3. La determinación de la SCJN no contribuye de ninguna manera a erradicar la impunidad, aun cuando algunos ministros hayan argumentado su apego a la legalidad. Al optar por la mera legalidad, la Corte ha renunciado a su función de ser garante de la observancia de la Constitución: se ha abstenido de hacer uso de las herramientas que podrían limitar el abuso del poder que vulnera los más elementales derechos. Mediante su resolución se mantienen las condiciones para permitir la persistencia de la impunidad.

Resulta sin embargo más grave constatar que lo sucedido ayer no es un acto aislado, sino uno entre los diversos hechos que dan cuenta de la inexistencia de un claro compromiso del Estado mexicano en materia de derechos humanos, la persistencia de la impunidad y la ineficiencia del sistema de justicia.

No podemos omitir, en correspondencia con los hechos señalados, la existencia de las redes de pornografía infantil y los casos de pederastia protegidos por oscuros intereses, como actos que vulneran aun más los derechos humanos al cobijo de la impunidad.

La decisión de la SCJN deja en una situación aun más vulnerable a los periodistas, a los defensores de derechos humanos y a toda persona que demanda justicia. En su informe del año 2007, Reporteros sin Fronteras señala que México continúa siendo el lugar más peligroso del continente para la prensa. A pesar de las violaciones documentadas, la justicia no sanciona a los responsables, de tal manera que la impunidad se convierte en regla.

Aun están pendientes los resultados de las investigaciones sobre lo acontecido en Atenco y Oaxaca. La Corte tiene todavía la posibilidad de revertir la impunidad y contribuir a fortalecer los procedimientos y las instituciones democráticas que permitan acabar con los abusos de poder. Que se deba recurrir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, tanto en este como en otros casos, sin embargo, parece evidenciar la debilidad de la SCJN.

Ante los hechos enunciados, el Centro Prodh manifiesta su desacuerdo con la resolución adoptada en el seno de la SCJN y hace patente su solidaridad con Lydia Cacho y con todas las víctimas de violaciones graves a sus derechos fundamentales. Exigimos también a que desde las diversas instancias gubernamentales se den señales claras del compromiso con el respeto a los derechos humanos y no se ceda ante la tentación autoritaria que pretende oponer la necesidad de buscar medios para vivir con los derechos de los mexicanos expresados en la Constitución.