{titleflag:papel}De María Celia Robaina

DECLARACIÓN POLÍTICA
ENCUENTRO SUR SUR

GUATEMALA DEL 12 AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2007

En Guatemala nos reunimos durante ocho días representantes de organizaciones defensoras de derechos humanos de Guatemala, México, Uruguay, Colombia, Sahara Occidental y Suecia en el Encuentro denominado Sur Sur. Estos días han sido significativos para discutir y reflexionar en torno a la lucha contra la impunidad y la exigencia de los derechos a la verdad, la justicia y la reparación integral.

Luego de haber visitado las comunidades afectadas por el conflicto armado interno en Guatemala, conocer su realidad, recibir testimonios del genocidio cometido y sostener un espacio de intercambio en que se debatió sobre las semejanzas de la lucha contra la impunidad, los y las participantes:

Ratificamos

Que nos encontramos ante un contexto de continuas y sistemáticas violaciones de los derechos humanos hacia los pueblos del Sur en una realidad de conflicto y postconflicto que se ve marcada por el racismo, la discriminación, la exclusión, marginación y opresión.

Que la falta de voluntad política por parte de las instituciones del Estado enmarcadas en leyes de impunidad obstaculizan la investigación y sanción a los responsables intelectuales y materiales de los delitos de genocidio, lesa humanidad y crímenes de guerra, dejando a las nuevas generaciones con importantes vacíos en su memoria histórica, desmembrando el tejido social y quebrantando su identidad como pueblos. En este contexto, las comunidades indígenas han resistido en un escenario sin justicia social, ya que, desafortunadamente, las estructuras de poder se refuerzan en una oposición autoritaria que a través de otras vías las ven como una salida “legítima” para resolver problemas de índole social, dejándoles de esta forma en un estado de impunidad, de injusticia y de falta de verdad.

Que los intereses geopolíticos del poder económico mundial son una de las causas principales de los conflictos relacionados con la extracción y explotación de los recursos naturales a través de la implementación de megaproyectos turísticos, de extracción de minerales, privatización del agua, entre otros, que afectan la convivencia y la vida comunitaria de los pueblos indígenas, despojándoles de sus territorios y creando márgenes de exclusión social, donde la diversidad étnica, así como su reproducción social, identitaria, cultural y su desarrollo como comunidades indígenas se ven afectadas.

Que en Guatemala, México, Colombia y Sahara Occidental continúan las amenazas y el saqueo de información a organizaciones sociales y ataques constantes a defensores y defensoras de los Derechos Humanos, lo que representa una ausencia de garantías para la realización de sus acciones.

Que después de diez años de haber firmado los Acuerdos de Paz y siete años de la entrega del Informe Memoria del Silencio elaborado por la Comisión para el Esclarecimiento Histórico, que concluye que en Guatemala se cometió genocidio durante los años 82 y 83, las víctimas de tan atroz delito aún no han encontrado en las instancias del Estado un eco a sus demandas de justicia que permitan el juicio y castigo a los responsables.

Exigimos a los Estados:

1. Que se garantice a las víctimas los derechos a la verdad, la justicia, la reparación integral y la garantía de la no repetición, como condición de una paz duradera y de un autentica democracia, no reduciendo el derecho de reparación a una indemnización económica, así como el resarcimiento moral hacia las victimas individuales y colectivas que dignifique su nombre y sus luchas políticas y sociales.
2. Exigimos se investigue, esclarezca, juzgue y sancione a los autores intelectuales y materiales de crímenes de lesa humanidad en nuestros países, ello mediante el fortalecimiento de los aparatos de justicia para que actúen con autonomía e independencia.
3. La búsqueda, el mantenimiento y la preservación de la verdad histórica a partir del acceso al archivo secreto de las fuerzas armadas y organismos de seguridad con el fin de encontrar respuesta a las preguntas ¿qué ocurrió? ¿dónde? ¿cómo? ¿quién lo ordenó? ¿quién lo hizo? y ¿por qué lo hizo?
4. El pleno respeto a la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos Indígenas, así como a los tratados, pactos y convenciones internacionales en materia de protección a los Derechos Humanos.
5. Que la lucha por los Derechos Humanos pase necesariamente por el respeto absoluto a la dignidad humana y el apego irrestricto a nuestros marcos jurídicos generando mecanismos legítimos para el acceso a la justicia de los pueblos del Sur.
6. Exigimos al Estado de Uruguay la anulación de la Ley “Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado”, que las fuerzas armadas entreguen la información que permita ubicar los restos de los detenidos – desaparecidos, y que se continúen los procesos de verdad, justicia y reparación integral.
7. Al Estado Colombiano el real desmantelamiento de las estructuras paramilitares, la reducción del presupuesto para acciones militares, el desmonte de todas las estructuras de guerra y el desarrollo del acuerdo humanitario, con el fin de buscar una solución política negociada al conflicto social armado interno.
8. Al Estado de Marruecos el respeto a los Derechos Humanos en los territorios del Sahara Occidental que mantiene ocupados ilegalmente desde 1975, y que permita al pueblo Saharaui ejercer a través de un referéndum justo y limpio su derecho a la autodeterminación.
9. Exigimos al Estado Mexicano que cumpla con las demandas de justicia que significa detener el despojo de las tierras y territorios de las comunidades campesinas e indígenas, el cese a la criminalización de los movimientos sociales, alto a la violencia contra las mujeres por parte de sus cuerpos militares y policiales, el alto a la militarización y paramilitarización que sigue destruyendo el tejido social de nuestros pueblos, así como la liberación inmediata de las y los presos políticos de nuestro país.
10. Que el Estado de Guatemala, atendiendo a la solicitud de las victimas del genocidio, genere las condiciones para una justicia equitativa e igualitaria que permita juzgar dicho delito y desclasifique los archivos militares que son prueba palpable de las estrategias contra la población civil, principalmente contra el pueblo maya.
11. Que las querellas presentadas por la Asociación para la Justicia y Reconciliación contra Efraín Rìos Montt y Romeo Lucas García y sus altos mandos militares acusados de delitos contra la humanidad, lleven un proceso dentro de las cortes nacionales apegadas a la ley y basada en el respeto a los derechos humanos, reconociendo el daño provocado a las victimas de una forma digna.
12. Al Fiscal General del Ministerio Público de Guatemala para que cumpla su obligación de investigar los casos denunciados por las víctimas. De igual forma a las autoridades electas a cumplir con su compromiso de atender las demandas de las víctimas.

A la comunidad internacional le hacemos un llamado a solidarizarse y visibilizar la situación de impunidad en la que se encuentran nuestros países.

A LA SOCIEDAD EN GENERAL LES EXHORTAMOS A MANTENER
LA LUCHA CONTRA LA IMPUNIDAD, UNIÉNDONOS Y EXIGIENDO JUSTICIA FRENTE A LAS GRAVES VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS.

Guatemala, 20 de noviembre de 2007.

• Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos – Guatemala.
• Asociación para la Justicia y la Reconciliación – Guatemala.
• Asociación de Familiares de Presos y Desaparecidos Saharauis – Sahara Occidental.
• Servicio de Rehabilitación Social – Uruguay
• Movimiento Sueco para la Reconciliación – Suecia
• Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan AC – México
• Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas AC – México
• ‘Kichan Kichañob’ – Mexico
• Corporación AVRE - Acompañamiento psicosocial y en salud mental a víctimas de violencia política – Colombia.
• Centro Cristiano de Justicia, Pazy Acción No Violenta – JUSTAPAZ – Colombia.
• Servicio Paz y Justicia AL – SERPAJ-AL - México
• Conferencia de Religiosos y Religiosas de Colombia