{titleflag:ar}FISCAL RECONOCIÓ LA VALENTÍA DE SOBREVIVIENTES DEL GENOCIDIO

La representante del Ministerio Público en la causa que se sigue al represor Héctor Febres por su participación en los grupos de tareas de la ESMA, donde pasaron alrededor de cinco mil presos políticos, la mayoría de los cuales están desaparecidos, Mirna Goransky, se sumó al pedido de los abogados de las querellas en cuanto a que el Prefecto sea condenado a una pena de 25 años de prisión, el máximo que estipulan las leyes argentinas para los delitos por los cuales ahora se lo juzga. En este juicio Febres está siendo juzgado por sólo cuatro hechos de privación ilegal de libertad y torturas, aquellos que sufrieron los ex detenidos desaparecidos Carlos García, Alfredo Margari, Josefa Prada de Olivieri y Carlos Lordkipanidse, quienes, salvo Prada, fueron además sometidos a régimen de trabajo esclavo. A pesar de que existen vastos testimonios del rol de Febres en las más diversas actividades represivas y de inteligencia desde los inicios de los grupos de tareas hasta comienzos de la década del 80 en la ESMA. En especial se lo acusa de haber estado a cargo de las prisioneras embarazadas, que al tener a sus bebés eran hechas desaparecer y los niños robados y dados ilegalmente en adopción a militares o amigos de militares.

Durante un sólido alegato, que se prolongó por casi dos horas y media, la fiscal tuvo palabras de reconocimiento para los casi 50 testigos que dieron testimonio de los sufrimientos, humillaciones y dolor padecido por ellos y por miles de sus compañeros que permanecen desaparecidos en manos de los grupos de tareas de la ESMA y en particular, del genocida Febres. "Son un ejemplo de perseverancia en la lucha por la justicia y que muchos de los que trabajamos en los tribunales deberíamos aprender. Sería un primer paso para saldar la deuda que la justicia tiene con las víctimas", señaló categórica y emocionada, Goransky. "Desde que ocurrieron estos hechos, la justicia está jugando a las escondidas. Jueces y fiscales no hemos estado a la altura de las circunstancias, salvo honrosas excepciones", sostuvo la fiscal. Tras ello, rindió homenaje a los escasos hombres del Poder Judicial y a los abogados que se jugaron por la verdad y la justicia durante la dictadura, entre los cuales hubo numerosas victimas de los mismos grupos de tareas que denunciaban. "Son un ejemplo para las nuevas generaciones que están empezando su carrera en la justicia", afirmó.

Expuso su disconformidad, planteada ya por esta querella el día anterior, porque el tribunal rechazó la incorporación por lectura de algunos testimonios de sobrevivientes, que no pudieron viajar de Suecia a participar en este juicio pero han declarado en otros, en aras de una supuesta igualdad ante la ley. La fiscal retrucó que "justamente se trata de una cuestión de igualdad". Goransky recriminó a los jueces que los ex detenidos desaparecidos están pagando "un altísimo precio por la sobre exposición que tienen al comparecer ante estos juicios" por tanto, destacó su comprometida y valiente participación a pesar de ello.

Asimismo, también cuestionó la forma en que se ha llevado este juicio, desguasado y por sólo cuatro casos pese a que hay miles de querellas por los crímenes cometidos en la ESMA tramitándose ante los tribunales. "Todavía estamos muy lejos de la justicia y este juicio es un ejemplo de lo lejos que estamos", sentenció. Pidió a los miembros del Tribunal Oral Federal Nº 5, " una manera distinta de organizar y diseñar estos juicios por delitos de lesa humanidad, más representativos de los ocurrido en estos campos". Este mismo tribunal, integrado por los magistrados Guillermo Gordo, Ricardo Farías y Daniel Obligado, tiene a su cargo las megacausas ESMA" y I Cuerpo de Ejército", responsable de los delitos cometidos por los genocidas en el radio de la Capital Federal y gran parte de la provincia de Buenos Aires y la de LaPampa. "Si esto no se revisa, no se van a poder a llevar a cabo estos juicios y todos vamos a estar haciendo cola delante del tribunal para traer a debate estos hechos tan terribles", manifestó la fiscal

Al fundamentar su acusación contra Febres, Mirna Goransky, que destacó el trabajo de todo el equipo de la fiscalía, aseguró que intentaron hacer un listado de todas las veces que los testigos nombraron a Febres en sus denuncias "pero nos dimos cuenta de que la lista era interminable". Enumeró las funciones de las que se ocupó el Prefecto Febres siendo oficial de inteligencia de la ESMA y dijo que fue responsable de todas las actividades ilegales ocurridas en el casino de oficiales; que se ocupaba de las embarazadas; que decidía sobre la libertad de los cautivos; que obligaba a los familiares a retirar los recursos de amparo presentados por las víctimas; que controlaba a los secuestrados que eran puestos en libertad vigilada; que trasladó a los prisioneros políticos al Tigre para eludir una inspección de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, etc, etc, y etc. También lo acusó de haber adulterado los legajos de su hoja de servicios para ocultar su rol activo en las tareas represivas "pero esto no llama la atención porque ellos (los genocidas) se desempeñaban en la clandestinidad y con impunidad. Es un delito menor en relación al secuestro y desaparición de personas", sentenció la fiscal.

Además, Goransky denunció que a pesar del reclamo de la fiscalía, la Armada y la Prefectura hasta hoy no dieron una respuesta adecuada acerca de los destinos de Febres en los años del terrorismo de Estado. "Se trata de un pase de pelota entre una y otra institución para no contestar absolutamente nada", dijo. Tampoco han aportado datos para conocer el destino de los miles de desaparecidos ni de los niños nacidos en la ESMA y dados ilegalmente en adopción.

Durante su bien fundamentado alegato, la fiscal citó en varias oportunidades lo dicho por esta querella en su alegato del día anterior, como por ejemplo, cuando se refirió al contexto político y jurídico en que se desarrolló la represión en el país y en especial, lo que significó la Escuela de Mecánica de la Armada. "Que era un instituto de formación pero pasó a cumplir una siniestra función, que no era improvisada sino que cumplía directivas claras", sostuvo. Indicó que el rasgo característico de la ESMA como centro de detención fue que incorporó una nueva función represiva al genocidio y la masacre de militantes populares: "el sometimiento a esclavitud de los prisioneros, bajo un proyecto político determinado".

Aseveró que frente a los hechos relatados durante los debates, cualquier castigo es "insuficiente e insignificante" pero pidió la pena de 25 años de reclusión para Febres por privación ilegal de la libertad agravada por amenazas y ejercicio de la violencia en concurso real con el delito de tormentos reiterados en la persona de la ex prisionera Josefa Parda de Olivera y doblemente agravada en el caso de los sobrevivientes García, Margari y Lordkipanidse porque esta privación ilegal de la libertad se prolongó por más de un mes.

Equipo de Querellantes y Abogados en la Causa ESMA, Primer Cuerpo y Campo de Mayo
Buenos Aires, 23 de noviembre de 2007