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Luego del peregrinaje se realizó un acto en el que valoraron que la Justicia continúe procesando al teniente Lautaro Castro, ex jefe de la Tenencia de Isla de Maipo, y responsable de los fusilamientos.

Con una romería los familiares de quince ejecutados políticos de la localidad de Lonquén recordaron ayer el hallazgo de los restos de sus seres queridos hace 34 años en los hornos que existían en dicha localidad.

Luego del peregrinaje se realizó un acto en el que valoraron que la Justicia continúe procesando al teniente Lautaro Castro, ex jefe de la Tenencia de Isla de Maipo, y responsable de los fusilamientos.

Hoy en el sitio donde se encontraron los restos sólo existen placas recordatorias de las víctimas de los abusos cometidos durante la dictadura, mientras que de los hornos no queda nada ya que fueron volados con dinamita en la década de 1980.

El caso Lonquén

El hallazgo de los cuerpos sepultados en Lonquén en 1978 se convirtió en todo un emblema para la defensa de los derechos humanos y dejó de manifiesto la política de Estado impulsada para ocultar los restos de las víctimas.

La Junta de Gobierno estaba consciente que el macabro descubrimiento en los hornos de Lonquén produciría dificultades. De ahí que se originara una nueva y maquiavélica maniobra para ocultar los crímenes cometidos en Chile: la Operación Retiro de Televisores.

Esta clave hizo que todas las unidades uniformadas se ocuparan de ubicar y remover las fosas clandestinas donde habían lanzado los restos de centenares de compatriotas asesinados.

Tras la desaparición de los dos campesinos en el puente Naltahua, entre el 7 y 8 de octubre de 1973, los mismos carabineros de Isla de Maipo aprehendieron a decenas de lugareños. Quince de ellos sufrieron la represión policíaca, a cargo del entonces teniente Lautaro Castro.

Tras el ir y venir de familiares que nunca encontraron respuesta por la suerte de sus seres queridos, el 1 de diciembre de 1978 la Vicaría de la Solidaridad presentó ante la Corte Suprema una denuncia por el descubrimiento de restos humanos al interior de dos minas de tratamiento de minerales ubicadas en los faldeos de cerros de Lonquén.

En ese entonces los informes pasaron al Juzgado del Letras de Talagante, que a través de un sumario, evidenció la existencia de restos humanos al interior de los hornos. El caso pasó a la justicia militar, que el 16 de agosto de 1979 dictó la sentencia que liberó definitivamente a los uniformados procesados en virtud de la Ley de Amnistía.

El año pasado el abogado Nelson Caucoto solicitó la reapertura de la causa y se espera que con la detención de Castro se castigue a los demás responsables.