El abogado de la Secretaría de Derechos Humanos del PIT-CNT, Pablo Chargoñia, dijo que el único mensaje que podría dar la democracia uruguaya para que no vuelvan a ocurrir los crímenes cometidos durante la dictadura es "enviando a prisión" a los responsables.

Una vez culminado el procedimiento de extracción de muestras de "Tota" Quinteros ayer en el Cementerio del Buceo, el profesional comentó que la reciente aparición de restos en el Batallón Nº 13 permitió que se habilitara la feria, ya que se trata de una actividad de tipo forense por mandato judicial, para permitir la identificación de los restos hallados en el predio militar.

"La aparición de restos en predios militares lo que está haciendo es confirmar los testimonios de ex presos políticos y también de soldados sobre enterramientos clandestinos", indicó.

El abogado destacó el hecho de que todo el procedimiento se realiza en la órbita del Poder Judicial y recordó que hay una causa abierta contra el ex canciller de la dictadura Juan Carlos Blanco. Chargoñia consideró "absurdo" que el ex funcionario esté aguardando una sentencia mientras goza de libertad, pero dijo que es importante que haya un expediente abierto porque posibilitará la continuación de las investigaciones por parte de la Justicia.

Consultado por la situación de Juan Carlos Blanco, en caso de que se confirme que los restos encontrados pertenecen a Elena Quinteros, el profesional dijo que "habría un elemento más para establecer la plena prueba de la coautoría en el homicidio muy especialmente agravado de la maestra".

De todos modos, opinó que ya hay elementos suficientes para sancionarlo por el delito que se le imputa. Entiende que "tendría que haber un mensaje muy claro de la democracia uruguaya para que estos delitos no vuelvan a ocurrir y ese mensaje solo se conseguiría poniendo en prisión a los responsables de esos crímenes". Acerca del casquillo de bala encontrado junto a los restos de un radio y una parte de un cúbito en el Batallón Nº 13, Chargoñia indicó que la Fiscalía solicitó información al Juzgado y, a su vez, la sede penal remitió oficios pidiendo datos a la Policía Técnica y al Instituto Técnico Forense.

La República, Uruguay
05-01-2006