Fue signado en 2001 para detener actos de violencia contra indocumentados: ONG

Ahora, además del riesgo de morir por insolación los mexicanos pueden ser asesinados, dicen

LAURA POY Y ANTONIO HERAS REPORTERA Y CORRESPONSAL

Activistas en pro de los derechos humanos denunciaron el incumplimiento al Plan de Acción para la Cooperación sobre Seguridad Fronteriza, suscrito por México y Estados Unidos en junio de 2001, para detener actos de hostigamiento y violencia contra indocumentados, en el que se incluye el uso de armas no letales en cuerpos de vigilancia migratoria.

Agregaron que ahora, ''además de tolerar el riesgo de fallecer por insolación o congelados en la montaña, se suma el peligro de ser ultimado por la espalda por elementos de la Patrulla Fronteriza''.

Indicaron que actos como el del pasado 30 de diciembre contra Guillermo Martínez Rodríguez -quien murió tras recibir un disparo por la espalda al huir de un agente fronterizo entre San Diego y Tijuana- ''demuestran el total incumplimiento del acuerdo firmado por ambos países para emplear armas no letales y contener la migración indocumentada''.

Pactado en junio de 2001 por los gobiernos de México y Estados Unidos, el Plan de Acción para la Cooperación sobre Seguridad Fronteriza aprobó un programa piloto para la utilización de armas no letales por los agentes de la Patrulla Fronteriza, así como fortalecer acciones conjuntas que permitieran reducir incidentes de agresión, asaltos y actos criminales contra indocumentados e impedir la detención de migrantes por ciudadanos particulares.

Organizaciones civiles de Estados Unidos se sumaron a las críticas al gobierno de ese país por el asesinato Martínez Rodríguez, al advertir que es preocupante que los patrulleros continúen armados con pistolas que disparan balas expansivas.

Claudia Smith, integrante de la Fundación de Asistencia Legal Rural de California, señaló que los agentes fronterizos sólo tienen autorizado el uso de armas letales cuando ''temen por su vida o que serán lesionados gravemente'', y advirtió que el incremento ''excesivo'' en el número de agentes de la Patrulla Fronteriza ''exacerba el uso de la fuerza a la que comúnmente son expuestos los migrantes''.

No se trata únicamente, agregó, de definir si fue justificado o no el uso de un arma letal, sino de exigir una exhaustiva investigación ante una reacción ''desmesurada e injustificada'' que demuestra la falta de cumplimiento de los programas para garantizar un trato digno a personas indocumentadas.

Al respecto, Esmeralda Siu, integrante de la Coalición Pro Defensa del Migrante, aseguró que ''es momento para exigir a las autoridades de ambos países el cabal cumplimiento a las acciones de prevención, como el uso de armas no letales, para detener las arbitrariedades y abusos que padecen los migrantes''.

Balas por piedras

Como sociedad civil, ''no podemos quedarnos de brazos cruzados ante hechos tan alarmantes como la muerte de un joven tras una supuesta agresión con piedras que le costó la vida''.

Por su parte, defensores de derechos humanos señalaron que ''criminalizar'' a los indocumentados mexicanos y argumentar que un ''intercambio de piedras por balas justifica la agresión perpetrada el pasado 30 de diciembre, no sólo es violatorio de los derechos fundamentales, sino representa un riesgo de impunidad y tolerancia a estas acciones''.

David Velasco, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, indicó que sin importar la condición jurídica del migrante y su presunta participación en actividades ilícitas, ''no podemos justificar el uso de la fuerza mortal para detenerlo y violentar su derecho a la vida''.

En entrevista por separado, Edgar Cortez, secretario ejecutivo de la Red Nacional de Organismo Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todos, afirmó que el gobierno mexicano no puede limitar su participación en el caso a una carta diplomática, pues ''no podemos seguir enviando respuestas tibias ante una política que criminaliza a los migrantes y violenta sus derechos fundamentales''.

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