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URUGUAY: Derivaciones de la Marcha del Silencio - Otro Revés Presidencial Imprimir E-Mail
Enviado por Cristina MIHURA   
viernes, 25 de mayo de 2007

{titleflag:uy}Semanario Brecha, Uruguay (25-05-2007)

El gobierno aceptó reiniciar las excavaciones, a influjo de las investigaciones que ha venido haciendo la justicia y el equipo de antropólogos. La noticia coincidió con la Marcha del Silencio y sus críticas al Nunca Más convocado por el gobierno, y con nuevos reclamos para anular la ley de caducidad

Carolina Porley

A menos de un mes del 19 de junio, el Ejecutivo enfrenta duras críticas a su iniciativa de celebrar el día del Nunca Más, cuyo objetivo -según lo definió en un decreto del 26 de diciembre último- es avanzar en la "reconciliación nacional" para que "nunca más ocurran hechos de intolerancia y violencia entre los uruguayos". Pese a que el gobierno salió a aclarar que no se trata de un "punto final", la iniciativa generó gran resistencia en distintas organizaciones sociales y al interior del Frente Amplio (FA). Así se vio el domingo 20 en la Marcha del Silencio convocada bajo la consigna "¿Dónde están? La verdad sigue secuestrada. Nunca más terrorismo de Estado", a la que asistieron unas 50 mil personas, incluida la mitad del gabinete y gran parte de la bancada oficialista.*

Leyendas y pancartas hacían énfasis en la necesidad de avanzar en la justicia y la verdad, mientras que los comentarios entre los asistentes dejaban en claro que varias medidas adoptadas en los últimos meses por el Ejecutivo produjeron un fuerte rechazo, como el proyecto de reparación a familiares de las "víctimas de la sedición". En este marco, esta semana adquirió fuerza la campaña para la anulación de la ley de caducidad, norma que el Presidente prometió respetar.** A la iniciativa popular para la anulación de la norma vía referéndum se sumó el planteo del Senador Rafael Michelini (Nuevo Espacio, FA) para que la bancada oficialista suprima la ley en este período, previa realización de un congreso extraordinario del fa que revea la posición de esa fuerza política adoptada en 2003.

Por otra parte, el martes 22 el Ejecutivo anunció el reinicio de las excavaciones en busca de restos de desaparecidos, etapa que había dado por finalizada el 26 de diciembre, en el mismo decreto en el que presentó el Nunca Más, aunque dejando la puerta abierta a la aparición de información nueva y veraz. El anuncio ocurrió cuando la justicia se disponía a ordenar no innovar en cuatro predios militares en los que, según el Jefe del equipo de antropólogos de la Universidad José López Mazz, habrían enterramientos clandestinos.

De todos modos, López Mazz fue cauto y pidió 30 días antes de empezar las remociones a fin de precisar la información, y desmintió la versión publicada por La República el viernes 18 según la cual él le habría dicho al juez Juan Fernández Lecchini que conocía dónde estaba enterrada Elena Quinteros.*** El mismo viernes, el propio Presidente se apoyó en esa noticia para anunciar el reinicio de las excavaciones.

¿CUÁL NUNCA MÁS?

La consigna de la marcha del domingo puso en el tapete un tema clave: un sector de la sociedad no acepta la caracterización que el Presidente dio al acto del 19 de junio. En el decreto respectivo se afirma que "a efectos de que el país pueda mirar al futuro y encontrar caminos de reconciliación nacional, fíjase el día 19 de junio de cada año como única fecha conmemorativa de que nunca más deberán ocurrir estos episodios entre uruguayos".

Para Familiares de Detenidos Desaparecidos no se trata de condenar un "enfrentamiento entre hermanos" sino de un Nunca Más al terrorismo de Estado. Por eso la agrupación anunció el mismo domingo que no asistirá al acto cívico militar previsto para esa fecha. "El Nunca Más nació en Argentina cuando Sábato sacó el libro con toda la investigación sobre los desaparecidos. El Nunca Más es nunca más terrorismo de Estado. Esto se lo hemos dicho al señor Presidente. El ‘nunca más hermano contra hermano' se arregla de una manera, el ‘nunca más terrorismo de Estado' se supera de otra porque es el Estado el violador de los derechos humanos", afirmó a Brecha Luisa Cuesta, integrante de Familiares. Cuesta dijo que no es tiempo de reconciliaciones porque todavía falta conocer la verdad: "Es imposible reconciliarse con alguien que no te ha dicho lo que ha hecho. La reconciliación se da cuando alguien viene y te dice hice tal cosa, me parece que estuve mal, da las razones por las que la hizo y se arrepiente. Hasta el momento ha ocurrido lo contrario: quienes en nombre del Estado han violado los derechos humanos lo siguen ocultando".

La posición de Familiares fue secundada por el pit-cnt. El secretario de Derechos Humanos de la central, Luis Puig, afirmó que el gobierno ha sido "confuso y ambiguo" al hablar del Nunca Más. "¿Nunca más qué? Acá no hubo una guerra entre hermanos sino una maquinaria de un Estado terrorista. El Estado tiene obligaciones. A eso no se llega con fechas, sino transitando un camino que implica investigar, hacer justicia, asumir convenios internacionales y anular la ley de caducidad. ¿Cómo puede el gobierno hablar de reconciliación luego de los discursos de los Comandantes en Jefe del Ejército y de la Fuerza Aérea?"

Muchos legisladores del fa salieron a respaldar la posición de Familiares y dijeron no tener información acerca de cómo se va a realizar la conmemoración aunque hicieron énfasis en que el gobierno debería explicar su Nunca Más.

La diputada Nora Castro (MPP) afirmó sentirse "totalmente identificada con la consigna de la marcha" del domingo. "Estoy de acuerdo con Luisa. ‘Nunca más entre hermanos, no sé, me suena a otro tipo de situaciones."

Según informó el martes 22 Últimas Noticias, el Presidente ordenó a las Fuerzas Armadas organizar un desfile "lucido pero no ostentoso", sin vehículos blindados ni tanques, aunque cuatro aviones de la Fuerza Aérea sobrevolarán el acto, al tiempo que habrá un desfile escolar (aunque los gremios de la enseñanza anunciaron que no acompañarán el lugar).

ESTADO PORTERO

La nueva etapa de las excavaciones que comenzará en un mes tiene características distintas a la realizada entre mediados de 2005 y octubre de 2006. Si bien es el Ejecutivo el que ordenó retomar la búsqueda, fuentes judiciales dijeron a Brecha que la idea es que la justicia -que fue la que asumió la investigación sobre los enterramientos clandestinos- haga un seguimiento del proceso y pida a López Mazz informes periódicos.

Aunque el secretario de la Presidencia remarcó que la decisión de terminar con las excavaciones el año pasado había sido de común acuerdo con López Mazz, lo cierto es que el antropólogo declaró a la justicia que creía que había más lugares donde excavar en los predios de los batallones 13 y 14, de La Tablada y del cuartel de artillería antiaérea número 1, en el que no había podido ingresar.

En su comparecencia judicial del lunes 7, López Mazz contó que en estos meses recibió mucha información de diverso origen, sobre cuyas fuentes pidió mantener la reserva, que le dio elementos para retomar la búsqueda, para lo cual estaba procurando financiamiento exterior en coordinación con grupos de derechos humanos. Agregó que los datos apuntan a sitios para acceder a los cuales se necesitarían obras de porte, porque podrían incluir el levantamiento de pisos e incluso el desmantelamiento de algunas edificaciones.

Al día siguiente el secretario Fernández concurrió a la sede penal y le manifestó al juez Charles la disposición del gobierno para retomar las excavaciones, amén de mostrarse sorprendido por que López Mazz no haya recurrido al Ejecutivo, que se había mostrado dispuesto a reiniciar la búsqueda.

Por el decreto del 26 de diciembre, el Ejecutivo dio entonces por cumplido el artículo 4 de la ley de caducidad, que lo habilitaba a investigar, al tiempo que establecía la creación de una secretaría de seguimiento por si aparecían nuevos datos. Sin embargo, dicha comisión nunca fue instrumentada. Según Cuesta, Familiares le manifestó al Presidente la necesidad de que se conformara para que se pudieran aportar allí nuevos datos sobre enterramientos clandestinos. "Por parte del gobierno no ha habido en estos meses investigación alguna, ni siquiera nos propusieron a alguien para integrar esa comisión que creemos tan necesaria", afirmó.

La clausura prematura de las averiguaciones oficiales sobre el destino de los desaparecidos y la no conformación de la secretaría de seguimiento determinaron que el gobierno abandonara su responsabilidad en la investigación -como lo establece el artículo 4 de la ley de caducidad- y que ésta recayera en el equipo de antropólogos y otros particulares, con la colaboración de la justicia. En esta nueva etapa, entonces, el Ejecutivo se estaría limitando simplemente a ordenar que se abran las puertas de los cuarteles y financiar las tareas de excavación.

LA ANULACIÓN Y EL FA

El lunes próximo el Nuevo Espacio pedirá en la Mesa Política la convocatoria a un congreso del fa para discutir la nulidad de la ley de caducidad. "Los legisladores no podemos terminar el mandato sin anular la ley de caducidad. Por eso vamos a pedir que se convoque un congreso para que libere las manos de muchos legisladores que quieren votar la anulación pero sienten que es otro congreso el que puede generar ese cambio", afirmó a Brecha el Senador Rafael Michelini.

En su último congreso de 2003, la mayoría del FA votó no incorporar la nulidad de la ley de caducidad al programa.

El planteo de Michelini no cayó bien en varios sectores del FA. Alianza Progresista y el Partido Socialista no acompañarían el reclamo. Asamblea Uruguay no tomó posición. En la Vertiente Artiguista se promete estudiar el tema, aunque hay posiciones contrarias, y en el mpp el Senador Fernández Huidobro se adelantó a repudiar la propuesta, aunque el plenario del sector no fijó posición. Así, existen sectores que no creen necesario anular la ley, ya que consideran que el gobierno tiene otras prioridades. Se argumenta que en todo caso podría incluirse como un punto más en el próximo congreso que deberá celebrarse entre fines de 2008 y abril de 2009.

Para evitar complicaciones dentro del fa, algunos consideran que la mejor forma de anular la ley es a través de la iniciativa popular, como plantea la Coordinadora Nacional por la Anulación de la Ley de Caducidad, formada por organizaciones sociales y de derechos humanos.

Varios legisladores consideran que cualquier iniciativa parlamentaria debería concretarse recién en un nuevo gobierno, ya que el fa ganó en 2004 diciendo que iba a respetar la ley, ratificada mediante plebiscito en 1989.

Michelini discrepó con ese planteo: "La gente nos votó para que hagamos justicia. Nos votó para dar con la verdad. Nos votó por la memoria. Yo no escuché a nadie decir en 2004: ‘si usted me vota está reafirmando la ley de caducidad".

La Senadora Mónica Xavier (PS) consideró que no es necesario anular la ley pues "sustantivamente no habría una variante con respecto a lo que se podría hacer con la norma anulada", ya que "el gobierno ha dado satisfacción a todos los planteos referidos a los derechos humanos".

En el mismo sentido, el Diputado Luis Rosadilla (MPP) consideró que "al plantear la nulidad hay que evaluar si es oportuno, conveniente y necesario, las tres cosas a la vez, además de justo, que claramente lo es".

Por su parte, la Senadora Margarita Percovich (VA) hizo énfasis en el "error político" que significaría llamar a un congreso por este tema. "Creo que es un error político de alguien que no entiende las lógicas de la interna del fa. Nos complica como fuerza política. Es mucho mejor la iniciativa popular que deja en libertad a los militantes, porque si convocamos un congreso nos metemos en un lío: tenemos distintas visiones no sólo en el fa sino en la interna de los distintos sectores. Creo que terminaríamos con un congreso sumamente dividido, que es lo que no nos sirve."

* Entre los asistentes estaban los Ministros Azucena Berrutti, Víctor Rossi, José Mujica, Reinaldo Gargano, Eduardo Bonomi, Mariano Arana; los Senadores Rafael Michelini, Alberto Couriel, Mónica Xavier, Lucía Topolansky y Margarita Percovich, y más de una decena de Diputados.

** Amnistía Internacional adhirió esta semana a esa iniciativa.

*** El antropólogo dijo al juez que había recibido datos de un testigo que afirmó haber visto cómo enterraban a una mujer en el Batallón 13.

 

 
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Enviado por Clara Petrakos

Mi hermana nació entre el 8 y el 13 de abril de 1977 en Banfield, provincia de Buenos Aires.

Fue arrebatada de los brazos de nuestra madre.

Puede tener cualquier nombre, apellido y fecha de nacimiento.

Todos los organismos que corresponde: nacionales, internacionales y la justicia conocen esta búsqueda que ya lleva 31 años. Mi hermana no, por favor reenvía este pedido por mail a todos tus contactos.

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Soy Laura, hija de Nora Susana La Spina y Jorge Nestor Cena. Nuestros padres fueron secuestrados por la dictadura militar entre el 15 y 20 de Noviembre de 1976 en La Plata, en calle 34 entre 13 y 14. Mamá estaba embarazada de vos y esa misma noche naciste en una comisaría. Tres días pasaste con ella, mamá te puso el nombre de Mariana, que es tu verdadero nombre. Luego te llevaron y nunca más supimos nada de tu paradero. Nuestros padres están desaparecidos. Yo te busco desde hace años, sos mi única hermana y mi deseo es que estemos juntas. Quiero que sepas que tenés una familia que te espera y te ama, y a pesar de que nunca te vimos sabemos que estás viva. Ojalá que si alguien sabe algo de vos nos ayude a encontrarte.

 

 

 

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