{titleflag:uy}La República, Uruguay (16-05-2007)

La Coordinadora Nacional por la Anulación de la Ley de Impunidad resolvió ayer emprender el camino de la reforma constitucional para anular la mencionada normativa.

La iniciativa será anunciada, en conferencia de prensa, mañana (17.05.07) a las 11 horas en el local del PIT CNT.

Tal como informó LA REPUBLICA, el pasado jueves 10 de mayo, en la reunión de la Coordinadora, había existido consenso para apoyar la reforma constitucional, tanto de los partidos políticos que conforman el colectivo como también las organizaciones sociales. De todas maneras no se pudo oficializar la medida en esa jornada ya que existían agrupaciones que todavía no habían tomado una posición.

El Partido Comunista y el Partido Por la Seguridad Social ayer se sumaron a la decisión del Partido por la Victoria del Pueblo (PVP), Nuevo Espacio, Frente Izquierda de Liberación (Fidel) y Claveles Rojos (Espacio 609), mientras que dentro de las organizaciones sociales se destacó desde un principio el pronunciamiento favorable del PIT CNT, Fucvam y Crysol, entre otros.

El texto de reforma constitucional, que aún no está culminado, está siendo elaborado por un grupo de juristas que encabeza el doctor Oscar López Goldaracena, quien cuenta con un plazo de treinta días para presentar el proyecto ante el colectivo.

En referencia a la campaña propiamente dicha, comenzará luego que la Coordinadora apruebe el texto normativo que presentará el equipo jurídico. Cumplido este paso recién ahí se empezará el trabajo de recolección de firmas de la ciudadanía.

El plazo para presentar el conjunto de voluntades ante la Corte Electoral, que debe superar el 10% del padrón electoral para lograr la instancia, expira el 30 de abril del 2009, mientras que el plebiscito, en caso de confirmarse, se llevaría a cabo junto a las elecciones nacionales, en octubre del mismo año.

Paralelamente el equipo de juristas de la Coordinadora se encuentra elaborando un segundo proyecto de ley, a utilizar en el hipotético caso que en el Parlamento exista consenso de los legisladores para anular la Ley de Caducidad.