{titleflag:uy}Radio El Espectador, Uruguay (15-05-2007)

Para los familiares de detenidos desaparecidos y sus abogados la Justicia es la vía más rápida en este momento para retomar las excavaciones en predios militares y civiles en busca de restos. Los familiares aseguran que existen datos de enterramientos que no fueron tomados en cuenta por el Poder Ejecutivo, planteo que también comparte el equipo de antropólogos que trabajó en las excavaciones.

En caso de que el juez ordenara excavar, debería coordinar con el Poder Ejecutivo la autorización del ingreso a los predios militares.

Este lunes el Poder Ejecutivo excluyó 18 nuevos casos de la Ley de Caducidad, integrantes de lo que se denomina "Segundo vuelo". Al tiempo que la fiscal Mirtha Guianze solicitó al juez Luis Charles medidas cautelares sobre los terrenos que indicó el jefe del Grupo de Investigación Arqueológica Forense (GIAF), José López Mazz, basado en testimonios no oficiales de civiles y ex militares.

Las zonas marcadas que no fueron excavadas están ubicadas en los predios militares del Batallón de Infantería N° 13, Batallón de Paracaidistas N° 14, Brigada de Artillería N° 1 y cárcel de La Tablada. Además, hay zonas marcadas y no excavadas en predios civiles.

Esas son zonas que están indicadas con algún punto de referencia, por ejemplo un predio cercano a un río o pantano, pero no determinadas en forma precisa, por lo que la fiscal solicitó además que se continué la investigación para determinar estos lugares y saber si se justifica pedir al Poder Ejecutivo colaboración para nuevas excavaciones.

La información de los predios está en poder de López Mazz y familiares de detenidos desaparecidos. Algunos datos coinciden con lo declarado por el periodista Roger Rodríguez ante la Justicia, según informó a Índice 810 el integrante de la organización Ignacio Errandonea: "Hasta ahora las excavaciones se han hecho en base a la información oficial que han ido dando las Fuerzas Armadas. Fuerzas Armadas que ya con sus informes han demostrado que han mentido. Entonces, hay que tener en cuenta todo el resto de las informaciones. Hay otro testimonio, que está en poder de otros familiares y directamente de los antropólogos y juzgado, que indican otros sitios. Entonces, es bueno que se investiguen todos los lugares que estén señalados".

Los familiares tiene además pendiente una reunión con el secretario de Presidencia Gonzalo Fernández, al tiempo que discuten una propuesta para presentarle sobre cómo continuar esa nueva etapa, tras el cierre de las excavaciones por parte del Ejecutivo. De todas formas recuerdan que el Ejecutivo en reiteradas oportunidades afirmó que de surgir datos que ameriten ser investigados prestará su concurso.

El juez no puede ordenarle al Ejecutivo que reinicie las excavaciones, pero sí puede, y de hecho sería un camino más corto en este momento, determinar que se realicen excavaciones en los lugares ahora marcados. En ese caso, el juez debería coordinar con el Ejecutivo ya que los terrenos militares pertenecen al Estado y sólo son administrados por este poder.

José Luis González, uno de los abogados en la causa y defensor del poeta Juan Gelman, dijo a Indice 810 que esta semana solicitará una reunión con el juez para interiorizarse del caso. Además, indicó que espera que el magistrado haga lugar al pedido de la fiscal.

González recordó que algo similar había ocurrido en el caso de María Claudia, en 2003, cuando el juez Gustavo Mirabal solicitó como medida cautelar que se pararan las obras que estaba realizando la Intendencia de Montevideo en el Batallón 13.

Para el abogado es muy importante valorar la intervención judicial en estos casos y las medidas concretas que se están empezando a adoptar, sobre todo porque "una vez paradas las excavaciones este tema había quedado de costado".