{titleflag:uy}Brecha, Montevideo,20 de abril de 2007:

Criminalización de la protesta

La ley como fetiche

Algunos jueces y fiscales parecen estar empecinados en disciplinar, a como dé lugar, las formas de manifestación social, reduciendo cada vez más los márgenes para la protesta y la libre expresión de las ideas.

Daniel Erosa/Diego Sempol

Jueces analizando fotografías y videos producidos por camarógrafos de los servicios de inteligencia, policías de civil que detienen a manifestantes, militantes indagados en interrogatorios con claro corte político, procesamientos por “sedición”, magistrados y fiscales que actúan de oficio desempolvando figuras delictivas inspiradas en el código penal de Mussolini: todas escenas que parecen fruto de una vieja pesadilla, pero que en los dos últimos años se han vuelto parte de nuestra vida cotidiana. Y con una gran paradoja como telón de fondo: desde hace dos años este país está gobernado por la izquierda.

El Poder Judicial ya ha procesado a cinco personas por “sedición” y a una por “desacato por encubrimiento”. Y va por más: la jueza penal de 20 turno, Aída Vera Barreto, actuando de oficio y aplicando el artículo 139 del Código Penal, ordenó la detención de Washington Muñiz por la quema de una bandera estadounidense en la marcha que se desarrolló el jueves 12 en reclamo de la liberación de Fernando Maceillot, este último procesado por “sedición” luego de la movilización del 9 de marzo en repudio a la presencia de George W Bush en Uruguay. Además fueron interrogados la dirigente de Plenaria Memoria y Justicia Irma Leites, Ruben Hornos y el ex candidato presidencial por el Partido de los Trabajadores Rafael Fernández. Según se supo, Barreto pidió también la identificación de otros militantes y las grabaciones de algunos medios de comunicación para obtener más imágenes de la marcha. La jueza y la fiscal Mónica Ferrero intentan establecer si las personas implicadas cometieron los delitos de “vilipendio a emblemas extranjeros” o “instigación a delinquir”.

Sin lugar a dudas, todos estos hechos forman parte de un avance del Poder Judicial sobre el campo social que termina por reducir la protesta a un tema de legalidad, desalentando así cualquier abordaje centrado en el conflicto. La sanción legal busca desplazar lo político, y ejercer su poder normativo reforzando el supuesto carácter abstracto e imparcial del precepto jurídico. Esta “purificación” de la esfera judicial puede entenderse como una “fetichización” de la ley, que refleja cómo una autonomización creciente de lo político exige transformar el conflicto social en mero litigio jurídico. Es por ello que cada vez que lo social se politiza aparecen voces que denuncian el supuesto ataque a los consensos políticos fundantes y “neutrales”. Las reivindicaciones políticas devienen así actos “subversivos”, la denuncia se convierte en “apología del delito”, y la movilización en “rebelión” o “asonada”.

¿Qué márgenes deja este escenario a la protesta y la libertad de expresión? La tendencia dominante parece ser reducir a los actores a meros espectadores y fijar sus acciones en los estrechos límites que establecen los ejecutores de la ley. Y su casuística, siempre irregular, produce finalmente otro efecto: estimula el repliegue de los sujetos a su esfera privada, el ámbito prepolítico por excelencia en el sentido más clásico del término.

BANDERAS, JUECES Y FISCALES

La historia de las protestas sociales –en Uruguay y el mundo– está plagada de quemas de banderas estadounidenses. Sin embargo, hasta ahora aquí nunca se había procesado a nadie por “vilipendio de emblemas extranjeros”. Los jueces habían preferido preservar valores superiores como la libertad de expresión y pensamiento. De hecho, si se aplicara con el mismo celo el Código Penal a otros casos, hasta la ministra Marina Arismendi debería ser procesada por haber ofendido el honor de un jefe de Estado al tildar a Bush de “execrable asesino”, o el propio Jorge Batlle cuando acusó a los argentinos de ladrones “del primero al último”.

Este cambio en el accionar de algunos jueces, dice a Brecha la politóloga Constanza Moreira, puede comprenderse en el marco de una creciente autonomía del Poder Judicial, alcanzada luego de que el Ejecutivo reconoció su potestad de juzgar a los responsables de las violaciones a los derechos humanos durante la dictadura. “La contracara de esa autonomía es que la están usando para penalizar acciones de protesta popular como quemar banderas, romper vidrios, etcétera. Es parte de un mismo fenómeno, que nos coloca ante un problema muy serio, porque en este caso sí hay una judicialización de la política: se está transformando una acción política en un delito penal. El Poder Judicial se arroga el derecho a través del Código Penal de establecer sanciones para acciones políticas. Hay como dos actitudes bien distintas: una es la del gobierno y otra la del Poder Judicial. En general los gobiernos de izquierda no reprimen manifestaciones. Pero el Poder Judicial está en el otro extremo, actuando en forma preventiva y buscando qué delitos aplicarles a los manifestantes para penalizarlos.”

La especialista en psicología social Ana María Araújo reflexiona: “Se quema un papel con la bandera del Estado más genocida y criminal que existe en el planeta y surge una acción legal de una rapidez desconocida en Uruguay. ¿Por qué la justicia es tan lenta en temas vinculados a la violación de los derechos humanos y tan rápida en estos hechos? ¿Estamos ante una justicia represora que busca criminalizar a los militantes políticos que rompen con la lógica del pensamiento único? ¿Por qué no se apeló a estas figuras delictivas en gobiernos anteriores?”.

Irma Leites va más allá. En su opinión, existe la intención de aplicar a través del Poder Judicial la teoría de los dos demonios, “como una estrategia de toma y daca, poniendo a la víctima y al victimario en la misma balanza”. Cuando a fines de 2005 el juez Fernández Lechini procesó por sedición a los cuatro manifestantes que destrozaron comercios en la Ciudad Vieja (también en protesta contra la presencia de Bush en la región, aquella vez en Mar del Plata), “quedó como un juez facho” que sacó de la galera un delito de la dictadura de Gabriel Terra, y los fiscales no tenían nada que ver. “Pero ahora está involucrado el Poder Ejecutivo, que es quien nombra a los fiscales. El gobierno tiene una gran responsabilidad en esto, porque tiene las mayorías necesarias para tirar atrás estos delitos y decirles a estos fiscales: no va más. Algunos son los fiscales de la impunidad: Enrique Möller –quien pidió el procesamiento de Fernando Maceillot por sedición– fue el mismo que archivó sistemáticamente los casos de violaciones a los derechos humanos, los desaparecidos, las torturas y los asesinatos durante todas estas décadas, y ahora se larga a cazar militantes”.

LA PROTESTA INTERPELADA.

Para Moreira, las formas de protesta popular no deben ser reprimidas en ningún caso, salvo que sean lesivas contra otras personas. “Son la canalización del descontento de las bases, son formas de hacer política. Reprimirlas contribuirá a que el sistema político se anquilose, porque mediante esas manifestaciones se expresan los ciudadanos.”

Araújo piensa que se puede o no estar de acuerdo con quemar banderas o tirar piedras, pero hay sectores, sobre todo los más jóvenes, que están buscando formas de expresión que no son las tradicionales y deben ser bienvenidas. “La criminalización de la protesta va en contra de la libertad de los pueblos. Castigar la rebeldía genera ciudadanos opacos, pasivos y sumisos, la penalización de todo acto contra el imperialismo apuesta a la aceptación –manifiesta o latente– de esa práctica. No se puede criminalizar o penalizar a las fuerzas sociales por intentar ir más allá de lo que un gobierno de política pragmática puede ir.”

En ese sentido, según Leites, “la justicia pasa a ser un elemento de control social y de disciplinamiento que impide el avance de las organizaciones sociales. El operativo del jueves 12, después de una marcha pacífica, a pesar de estar recontra infiltrada por tiras y terminar con el secuestro de Washington, fue una acción para ensuciar la cancha y hacernos aparecer frente a la sociedad como un grupo que cada vez que se moviliza genera un lío”. La dirigente de Plenaria Memoria y Justicia asegura que las personas indagadas por la justicia fueron objeto de interrogatorios de carácter político que apuntaban a demonizar a algunas organizaciones. Y señaló que su organización analiza la actitud del Poder Judicial como “parte de un movimiento internacional hacia este tipo de delitos. En Chile y Argentina están procesando por el delito de terrorismo incendiario y el de sedición. La judicialización de la protesta y este tipo de procesamientos son la forma represiva de esta etapa. Es una forma de mantener el monopolio de la violencia en manos del Estado”.

Los fotógrafos y la libertad de información

En esta nueva lógica instalada, donde algunas manifestaciones sociales comienzan en las calles y terminan en los juzgados, los jueces recurren a fotografías y filmaciones que realiza la propia Policía y a veces los distintos medios de comunicación. Esta situación ha derivado en que los fotoperiodistas sean amenazados, insultados y hasta agredidos por los manifestantes mientras realizan su trabajo, por considerarlos una nueva especie de delatores. Los fotógrafos de prensa han realizado sus descargos y aclaraciones en un comunicado emitido por la Asociación de la Prensa del Uruguay: “Informar con imágenes no es un privilegio de los fotoperiodistas, es un derecho de la sociedad. Cualquier acción que desde el Estado o la sociedad civil, directa o indirectamente, comprometa el trabajo de la prensa gráfica, compromete el derecho de todos a la libre información”.

Dirigiéndose al Ministerio del Interior señalan: “no trabajamos para la Policía”. Y agregan que cuando se les solicitan imágenes con el fin de identificar a personas se confunden los roles y se compromete su trabajo. “Ni los periodistas ni los medios somos, en un sistema democrático, auxiliares o agentes de la justicia, la Policía o cualquier otra agencia gubernamental”, aclaran. E indican a propietarios y directores de medios que el uso de las fotografías para otro fin que el periodístico viola sus contratos y el derecho moral de los autores sobre sus imágenes. Las autoridades tienen la forma de hacerse de los materiales públicos, sin necesidad de interrogar o solicitar la colaboración de los reporteros. Por tanto, agregan, “reclamamos a los medios que preceptivamente recaben la autorización de los fotógrafos o camarógrafos involucrados antes de ceder material de archivo a cualquier organismo privado o estatal”. Finalmente se dirigen a los manifestantes para señalar que “nadie tiene el privilegio de coartar el derecho a la información. Las amenazas y persecución a los fotógrafos son, lisa y llanamente, amenazas a la libertad de información de todos. Quienes no deseen ser fotografiados no deberían participar a cara descubierta en actos públicos que se convocan en espacios públicos”.

Con Jorge Zabalza

“En defensa de la libertad de expresión”

Esta semana Jorge Zabalza decidió salir a defender “con hechos” la libertad de expresión, y en un acto que fue calificado por algunos medios de prensa como un desafío a la justicia, quemó públicamente una bandera de Estados Unidos en medio de un programa de televisión de Canal 4. Inmediatamente el edil colorado Aníbal Glodofksky presentó una denuncia penal en su contra y la jueza Fanny Canessa derivó el caso a su colega Aída Vera Barreto. Al cierre de esta edición, Zabalza aún no había sido llamado a declarar. Brecha conversó con el ex dirigente tupamaro.

—Se lo ha acusado de desafiar a la justicia. ¿Ese era su cometido?

—Intenté hacer un acto en defensa de la libertad de expresión. No es sólo que uno tenga el derecho a pensar lo que quiera, también tiene el derecho de expresarlo y comunicar el mensaje de la mejor manera. Lo otro es renunciar y aceptar que sólo hay algunas formas políticamente correctas de manifestar: ir al Parlamento, que alguien haga un proyecto de ley, etcétera. Ese es el sistema que tiene la democracia representativa para amortiguar y diluir la protesta social.

—¿Hay una nueva actitud de parte del sistema judicial para actuar en este tipo de movilizaciones sociales?

—Hay una persecución de la protesta. Algunos jueces piensan que sólo pueden manifestar los que están de acuerdo con el gobierno. Hay un doble mensaje por parte de estos jueces. Uno es el represivo sobre la protesta y otro es para presionar al gobierno hacia la derecha. De la misma manera que hay quienes se plantean un cambio de rumbo del gobierno hacia lo popular, hay quienes se proponen virar hacia la derecha. Y lo hacen desde bolsones nostálgicos que hay en el Poder Judicial, en la Policía y en las Fuerzas Armadas. Hay jueces que están haciendo política y persiguen a los que protestan. En el mensaje está implícito que si hay un gobierno casado con el imperio, las grandes multinacionales y los grandes grupos económicos de Uruguay, esto va a traer más protestas. Entonces el lema es: no protesten así, hay que protestar como se debe.

—¿Usted cree que lo van a procesar?

—Por ahora nadie agarra viaje. Se están pasando el expediente de escritorio en escritorio. Es un fierro caliente.

Manifestantes y delincuentes en el mismo rango

Protesta rigurosamente castigada

La periodista y activista social canadiense Naomi Klein, famosa por sus ensayos como No logo, describe en su libro Vallas y ventanas la manera en que se criminaliza la disidencia en su país y en Estados Unidos, como consecuencia de las protestas contra la globalización.

Walter Pernas

“Si los manifestantes son tratados públicamente como delincuentes con la suficiente regularidad empiezan a parecer delincuentes e identificamos, inconscientemente, el activismo con acciones injustificables, e incluso con terrorismo”, sostiene.

En el caso uruguayo, la justicia comenzó a convertir en “sediciosos” a jóvenes que rompen algunas vidrieras en marchas callejeras. Y ahora se los persigue penalmente por quemar banderas estadounidenses.

La periodista relata que no se repara en que las personas protestan contra la globalización porque se consideran damnificadas: “Ni la policía ni los políticos están dispuestos a escuchar”.

En la era de la globalización empresarial, precisa, “los políticos se están convirtiendo en una comunidad cerrada, que requiere más seguridad y brutalidad de lo habitual para conducir sus asuntos”.

Por otra parte, resalta tres aspectos de la estrategia policial: el arresto preventivo de quienes mueven los hilos de las protestas; la vigilancia, con infiltrados, porque “es más fácil espiar a los activistas que invitarlos a un debate abierto”; y la explotación del miedo, “al entender que la policía da una imagen espeluznante de las protestas, y entonces ¿quién querría participar en ellas?”.

Esto se puede trasladar, con matices, a los hechos ocurridos en Uruguay en los últimos dos años.

Primero, Irma Leites, una de las activistas líderes de Plenaria Memoria y Justicia, fue procesada en 2005 por la justicia penal. Finalmente se le tipificó el delito de “encubrimiento” al no querer delatar a quienes habían pintado en un muro que los jueces eran “alcahuetes de los milicos” por archivar el caso de la desaparición forzada de María Claudia García, nuera del escritor argentino Juan Gelman.

Leites es indagada ahora por presunto vilipendio de un emblema extranjero, motín, o instigación a delinquir. Segundo, ya nadie ignora que Inteligencia policial se infiltra entre los manifestantes, y graba las marchas y actos de protesta para luego identificar y tratar de que algunos sean procesados por la justicia.

Tercero, si se procesa –y más aun si es con prisión por “sedición”, “vilipendio” o “motín”– a los jóvenes que asumen acciones directas en las marchas, se puede inocular el miedo entre quienes sienten deseo de sumarse a las protestas como forma de luchar contra las “injusticias” globales o locales. Lo mismo quizá sucede con los padres de adolescentes o jóvenes cuando éstos se quieren plegar a las manifestaciones.

Pero, por otro lado, la represión de las formas de protesta acentúa la opresión sobre los que se sienten damnificados. Y eso puede alimentar acciones –públicas o clandestinas– de mayor violencia por parte de activistas o personas que sienten cercenada su libertad de expresión.

JUSTICIA A LA CARGA.

Una de las circunstancias que llama la atención es que el fenómeno de penalización de la protesta social en Uruguay no se haya producido durante gobiernos de derecha, sino apenas instalada la izquierda en el poder.

En noviembre de 2005 el juez Juan Carlos Fernández Lecchini procesó con prisión por el delito de “sedición” a cuatro jóvenes que participaron de una marcha antimperialista en la que se rompieron vidrieras de bancos internacionales y algunos cristales de autos en la Ciudad Vieja.

Este delito, de carácter político, estaba absolutamente en desuso pero vigente en el Código Penal. Se aplicó en la época de los enfrentamientos entre las denominadas Fuerzas Conjuntas y los tupamaros, y aun durante la dictadura, pero jamás luego de la reapertura democrática.

La decisión del juez fue cuestionada por algunos parlamentarios y gobernantes, actores sociales, y ciertos medios de comunicación. Pero fue fundamentalmente condenada desde las organizaciones radicales de izquierda, que volvieron a salir a la calle esta vez para exigir la libertad de los “presos políticos”.

La presión social se instaló, y la justicia decidió liberar a los jóvenes antes de que se cumpliera el segundo mes de cárcel. Esto refleja la aplicación laxa de la figura penal, puesto que el delito de sedición tiene pena mínima de penitenciaría (dos años), lo que significa que es inexcarcelable: los responsables no pueden salir en libertad hasta cumplir por lo menos las dos terceras partes de la pena mínima.

Con todo, ese fue un primer síntoma de que el delito de “sedición” parecía demasiado “pesado” para sancionar la rotura de algunos vidrios.

Sin embargo, un mes después de aquellos procesamientos, un tribunal de apelaciones ratificó la decisión del juez Fernández Lecchini. La justicia había asumido una postura, al menos, inesperada.

Hasta ese momento se especulaba con que el fallo del magistrado de primera instancia podría considerarse un caso aislado y refutable, pero la sentencia del tribunal dejó firme una lectura jurídica sobre las formas de protesta social, y sentó así los lineamientos para el futuro.

De ahí que, este año, al producirse hechos similares en una protesta realizada el 9 de marzo contra la llegada del presidente George W Bush a Uruguay, la justicia asumió el mismo papel represivo.

La jueza Graciela Gatti procesó por “sedición” a otro joven que en medio de la manifestación rompió los vidrios de un local de Mc Donald’s.

Naturalmente, la magistrada citó como jurisprudencia los argumentos del referido tribunal de apelaciones. Y aunque hay voces discordes entre los magistrados –según verificó Brecha en los corredores judiciales–, es factible que si esta forma de protesta se repite haya nuevos procesamientos por “sedición” u otras figuras descritas en el Código Penal bajo el rótulo de “delitos contra el orden político interno de un Estado” o “delitos contra la soberanía del Estado, contra los estados extranjeros, sus jefes o representantes”.

MÁS FUEGO.

La quema de banderas estadounidenses que se realizó el jueves 12 en medio de una marcha para reclamar la liberación del joven procesado por la jueza Gatti, determinó nuevas acciones judiciales.

La jueza Aída Vera Barreto se enteró de la convocatoria a la protesta que anunciaba la quema de banderas “yanquis”, y dispuso una investigación de oficio. Ordenó a Inteligencia que filmara y detuviera a las personas que prendieran fuego a las banderas. Los agentes policiales se infiltraron en la manifestación, grabaron los hechos y detuvieron a una de las personas que quemó un papel con la imagen de la bandera estadounidense.

El hombre quedó privado de su libertad durante 24 horas y luego de ser interrogado por la justicia pudo volver a su casa. No obstante, quedó emplazado por la sede penal, que deberá decidir si lo procesa o no.

El lunes 16, y como respuesta a la acción judicial contra el manifestante, el tupamaro Jorge Zabalza quemó una bandera estadounidense durante el prograna De igual a igual, en Canal 4 (véase nota de Daniel Erosa).

Los jueces de turno no adoptaron acciones de oficio, pero al día siguiente el edil colorado Aníbal Glodofky presentó una denuncia penal contra Zabalza. La jueza Fanny Canessa, uno de los magistrados de turno, entendió que el asunto debería ser dirimido por Vera Barreto, y le envió la denuncia, pero ésta resolvió ayer no asumir competencia y devolvió las actuaciones a Canessa. A partir de ahora ella se encargará de la investigación, y en principio no es proclive al procesamiento de Zabalza, según supo Brecha.

En principio, y para el caso de la marcha, Vera Barreto ordenó acciones preventivas y represivas de la Policía porque tenía en mente el delito de “vilipendio de emblemas extranjeros”. Pero al pasar los días quedó además sobre la mesa la posibilidad de que se procese a varias personas por “motín” o “instigación para delinquir”, delitos que también se castigan con penas de prisión.

En estos casos nuevamente pesa la lectura jurídica y social que realice la justicia, que además de aplicar las leyes tiene el deber de interpretar los hechos en su contexto. Eso implica no cometer anacronismos, y sopesar las circunstancias de acuerdo a la realidad social del presente. Es evidente, por ejemplo, que la quema de una bandera estadounidense en 2007 no tiene el mismo valor simbólico que en medio de la Segunda Guerra Mundial.

De todas maneras, estos delitos se encuentran en el Código Penal, y los jueces pueden aplicarlos. No obstante, su vigencia está cuestionada por los acuerdos internacionales sobre derechos humanos firmados por Uruguay, que realzan el derecho a la libre expresión del pensamiento. Y en ese sentido también se encuentran en tensión con el artículo 29 de la Constitución.

JURISTAS Y LEGISLADORES.

“La ley penal no cae en desuso, si está vigente hay que cumplirla. Vilipendiar una bandera de un Estado extranjero es un delito y hay que aplicarlo”, dijo a Brecha el profesor Miguel Langón, grado 5 de la Cátedra de Derecho Penal de la Universidad de la República. Sostuvo que el delito cumple con la Convención de Relaciones Diplomáticas, realizada en Viena en 1961, en que los estados parte se comprometieron a penalizar los ataques a los emblemas extranjeros.

El jurista sostuvo que si el Parlamento deroga el delito pueden generarse hechos que desemboquen en conflictos internacionales. “¿Qué pasa si mañana en una manifestación callejera, con todas las cámaras de televisión presentes, se queman 500 banderas argentinas?”, se preguntó Langón.

Por su parte, el también profesor de derecho penal Dardo Preza sostuvo que “la realidad de 1934 no es la actual, pero son los legisladores los que tienen la palabra”. Al citar al jurista alemán Claus Roxin, indicó: “Hay que descriminalizar. Saquemos la hojarasca del monte para divisar el árbol. Dejemos vigentes las figuras que suponen verdadera dañosidad social, pero eliminemos lo demás”.

Preza se opuso además a la actuación de oficio por parte de los jueces penales: “Si el fiscal, que es el dueño de la acción penal, no pide que se inicie el proceso, el juez no puede abrirlo de oficio”, aseveró.

El ex presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) Gervasio Guillot dijo que “podría promoverse un recurso de inconstitucionalidad del artículo 139 del Código Penal (vilipendio de emblemas extranjeros) porque pugnaría con el artículo 29 de la Constitución que proclama la libertad de expresión de las ideas” (radio Uruguay, miércoles 18).

El también ex presidente de la SCJ Milton Cairoli, integrante de la comisión de reforma del Código Penal creada por la ley de humanización del sistema carcelario, propone “eliminar” el delito de sedición. Cairoli entiende que “no tiene mucha razón de ser cuando ya existen por otro lado el delito de atentado y el de desacato”, en los que podría quedar comprendida “como agravante” la acción de sedición (radio El Espectador, miércoles 18).

El senador blanco Francisco Gallinal, presidente de la Comisión de Constitución y Legislación, dijo a Brecha que sería “importante” solicitar a la comisión de reforma del Código Penal que estudie la posibilidad de “derogar” los delitos adoptados del código italiano. El legislador señaló que “los hechos de los últimos días son aislados y fueron impulsados con la intención de adquirir notoriedad; los jueces sabrán qué hacer en estos casos”.

El senador Alberto Breccia (MPP), otro integrante de esa comisión legislativa, sostuvo con respecto a las manifestaciones de protesta: “Hay una corriente política que se está gestando, y a la cual tenemos que atender. Es un fenómeno marginal, pero hay que entender, interpretar lo que están expresando. Ignorarlo sería un gran error”. Sin embargo, al realizar esta propuesta de manera informal ante otros parlamentarios, el legislador encontró “una actitud de total prescindencia”, según dijo a Brecha. Por otra parte, está de acuerdo con “evaluar” la derogación de los delitos de sedición, vilipendio de emblemas extranjeros y otros similares.