El Gobierno asistirá a quienes inicien causas para conocer el paradero de españoles desaparecidos en Argentina

Miguel Cortizo anunció este apoyo legal tras reunirse con la Comisión de Desaparecidos y la Agrupación de Familiares

Mónica L. Jodar. Córdoba. ARGENTINA.

El anuncio fue realizado por el embajador para las Relaciones con las Comunidades Españolas en Iberoamérica, Miguel Cortizo, en una reunión que mantuvo el 7 de diciembre en la Embajada de España en Buenos Aires con la presidenta de la Comisión de Desaparecidos Españoles en Argentina, María Consuelo Castaño, y la titular de la Agrupación Familiares de Desaparecidos Españoles, Dionisia López.

Durante el encuentro, en el que también participó el consejero encargado de temas políticos y derechos humanos de la Embajada, Manuel Lejarreta, Cortizo adelantó que ha sido designado por el Gobierno para abocarse específicamente a este tema dentro del área de derechos humanos. Además, mencionó que probablemente se incluya en el trámite parlamentario de la ley del Estatuto de los Españoles en el Exterior una referencia a la protección de los españoles que se vean implicados en asuntos políticos en el extranjero.

El apoyo legal es una antigua reivindicación de los familiares de desaparecidos pues en muchas ocasiones al no contar con ayuda del Gobierno español, éstos se vieron imposibilitados de presentar ‘hábeas corpus’, contratar abogados y realizar diferentes gestiones legales para conocer el destino de las personas desaparecidas. Pese a que no se manejan cifras exactas de los ciudadanos españoles desaparecidos se estima que son alrededor de 42 personas.

El primer paso se dio el 30 de septiembre de 2005, cuando el secretario de Derechos Humanos del Gobierno argentino, Eduardo Luis Duhalde, anunció la creación de una Unidad Especial de Investigación en el ámbito del Archivo Nacional de la Memoria dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

La unidad, creada por decreto 163/05, tendrá la misión de investigar los casos de graves y sistemáticas violaciones a los derechos humanos en los que hayan sido víctimas personas de nacionalidad española y familiares o allegados de las mismas durante la dictadura militar y las represiones ilegales que la antecedieron. Asimismo, se extremará la búsqueda de posibles niños de españoles apropiados tras haber nacido en cautiverio.

La comisión la integrarán dos personas de la secretaría de Derechos Humanos del Gobierno argentino, Manuel Lejarreta, un representante de la Comisión de Desaparecidos Españoles y otro de la Agrupación familiares de Desaparecidos Españoles. De acuerdo a lo dispuesto por el Gobierno argentino, la unidad tendrá acceso directo a los archivos de la administración del Poder Ejecutivo, incluyendo a las Fuerzas Armadas y de Seguridad, además de poder requerir información a los mismos.

Algo muy esperado

Consultado por España Exterior, el embajador Cortizo expresó que “este soporte externo que proveerá el Estado español y que alguna vez existió y después se dejó sin efecto, servirá para apoyar los trabajos de la Unidad Especial porque sabemos que es una tarea larga, difícil y que todos los esfuerzos son pocos”.

La conformación de la unidad de investigación y la posibilidad cierta de lograr el apoyo legal llega en un momento político muy favorable para Argentina, en especial, a partir del fallo de la Corte Suprema de Justicia que en junio de 2005 convalidó la anulación de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida. Ambas normas habían sido aprobadas por el Congreso argentino en 1986 y 1987, respectivamente. La primera puso una fecha tope a las denuncias por violaciones a los derechos humanos y la segunda limitó la responsabilidad de los militares acusados. A este blindaje jurídico se sumó en 1989 el indulto a los jefes militares que estaban presos luego del juicio a las Juntas Militares que se llevó a cabo en 1985 y por el cual se los condenó a penas que iban de los cuatro años a reclusión perpetua según el grado de responsabilidad en los crímenes de lesa humanidad y graves violaciones a los derechos humanos cometidos durante la dictadura instaurada el 24 de marzo de 1976.

Estas leyes han servido hasta ahora para obstruir las investigaciones de miles de casos -se estiman 30.000- de víctimas de desapariciones forzadas, tortura y ejecuciones extrajudiciales perpetradas por los Gobiernos militares argentinos de esos años en los 340 centros clandestinos de detención, según el informe ‘Nunca Más’ de la Comisión nacional sobre Desaparición de Personas del año 1985.

Por esa razón y amparándose en la legislación internacional, entre ellas la Declaración de la Asamblea general de la ONU sobre la desaparición forzada de personas aprobada el 18-12-92, el artículo 1 del Convenio del Consejo de Europa de 25-01-74 sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de los crímenes contra la humanidad y la imposibilidad de justificar el hecho en virtud de órdenes superiores, en 1996 la Audiencia Nacional emprendió iniciativas legales sobre casos de personas de nacionalidad española desaparecidas en este país. Más de un centenar de integrantes de las fuerzas de seguridad argentina, entre ellos ex miembros de las juntas militares, fueron citados para que testificaran en los casos de ciudadanos españoles desaparecidos en Argentina entre 1976 y 1983. Familiares de las víctimas y los mismos sobrevivientes han declarado ante este organismo español. La nulidad e inconstitucionalidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final abre un camino para juzgar estos delitos en Argentina. En este sentido, Cortizo destacó el acuerdo entre los Gobiernos español y argentino. “En enero de 2005, cuando Zapatero visitó Argentina, tuvo una reunión con las comisiones de desaparecidos y familiares donde escuchó sus planteamientos y les prometió ayuda, luego se entrevistó con el presidente argentino y le transmitió su interés por investigar conjuntamente el tema.

***

Unos meses después se reunieron el jefe de Gabinete argentino, Alberto Fernández, el embajador español, Carmelo Angulo Barturén, y el secretario de Derechos Humanos, Duhalde, y siguieron avanzando en el tema. En septiembre, durante un encuentro en Nueva York, los presidentes Kirchner y Zapatero también se refirieron a este asunto. Como resultado de estas conversaciones y acuerdos surgió la creación de la Unidad Especial de Investigación el 30 de septiembre”.

Cortizo reconoció la dificultad de definir legalmente la figura del desaparecido. “Esta palabra acaba convirtiéndose en una especie de limbo para personas de las que se desconoce qué ha sido de ellas, quiénes son los responsables de su desaparición, impidiendo además el derecho al duelo a los familiares de las víctimas. Porque no sólo ellos no supieron jamás lo que le había pasado a sus hijos, padres o cónyuges, sino que tampoco pudieron ver nunca sus cuerpos para llevarles una flor o una lágrima”.

También se refirió a los niños nacidos en cautiverio señalando que “constituye un drama dentro del drama pues es indescriptible lo que siente una persona que descubre que está viviendo en el seno de una familia responsable de la desaparición de sus padres”.

Un caso paradigmático

Actualmente la Embajada está investigando el caso de Ricarda Azucena Bermejo García, nacida en Salamanca en 1953, quien llegó a Argentina con su familia a los siete años de edad. Creció allí y se casó en la ciudad de Tucumán, al norte del país. El 2 de noviembre de 1976 tras el golpe militar fue secuestrada de su domicilio junto a su marido, sus suegros y una cuñada por varios militares y nunca más se supo de ellos. Azucena estaba embarazada de cuatro meses y el paradero de su hijo aún es un misterio. Es el único caso que se conoce hasta ahora de una española que fue secuestrada estando embarazada.

Manuel Lejarreta y María Consuelo Castaño viajaron en mayo pasado a Tucumán. “El objetivo fue instar tanto a los jueces que se ocupan del caso como a las autoridades a seguir con la investigación. Nos reunimos además con el gobernador Miguel Alperovich, estuvimos en el Parlamento, en definitiva creamos conciencia. El juez competente en la causa ordenó buscar en los archivos de la maternidad de Tucumán, lo que podría conducir al encuentro del supuesto hijo de esta señora”. Y continuó: “Durante nuestra estancia en Tucumán apareció un nuevo caso de detención ilegal de un ciudadano español, hecho que fue denunciado por su hijo quien aseguró no haber hablado hasta ahora por miedo”, dijo el funcionario.

Hace unos días en el cementerio del Norte de Tucumán se encontraron 200 sepulturas que se desconoce a quien pertenecen y existen sospechas de que allí puede haber cuerpos mutilados o fraguados de la época de la represión. Las excavaciones están a punto de realizarse pero aún no llega el dinero proveniente del Gobierno argentino.

La gallega de la Plaza de Mayo

Dionisia López Amado, de 77 años, nació en Cedeira (A Coruña). Preside la Comisión de Familiares de Desaparecidos Españoles y se convirtió en Madre de Plaza de Mayo cuando su hijo Antonio Díaz López, de 24 años, fue secuestrado el 15 de mayo de 1976 por fuerzas militares junto a su esposa, Stella Maris, quien tenía la misma edad. Antonio había nacido en El Ferrol (A Coruña), y cuando contaba apenas con cinco meses sus padres lo trajeron a este país. “Él fue detenido un día gris de 1976 y yo me convertí en una de las primeras Madres de Plaza de Mayo con mi pañuelo blanco y mi dolor a cuestas, recorrí los cuarteles de Campo de Mayo pero nunca encontré nada”, reflexionó conmovida.

Una superviviente nacida en la localidad coruñesa de Noya

María Consuelo Castaño nació en Noya (A Coruña) en 1952 y llegó a Argentina a los seis años. Se casó con Regino Adolfo González y tuvo tres hijas. El 13 de septiembre de 1979 fue secuestrada junto con sus hijas de cinco, cuatro y tres años. Su marido había desaparecido esa misma mañana. Fue conducida al centro clandestino de detención de campo de Mayo en Buenos Aires. “Allí estuve un mes y medio. Recuerdo bien el lugar porque fui la única que salió con vida. Mediante torturas y amenazas me obligaron a firmar un papel donde declaraba que era guerrillera siendo que mi profesión era maestra y nunca tuve militancia política. Me salvé gracias a las gestiones de mi padre y al director del diario Buenos Aires Herald, Robert Cox, quien al día siguiente publicó en primera plana: ‘Madre, padre y tres hijas desaparecen, familiares acuden a la Comisión de la OEA’. Esta comisión exigió a Jorge Rafael Videla que nos liberase e inmediatamente intervino la Embajada. Pese a eso me juzgaron en el Consejo de Guerra y me condenaron a 20 años de prisión de los cuales pasé cuatro en la cárcel de Devoto. Mis hijas estuvieron 20 días secuestradas y luego fueron devueltas a mis padres. De mi marido nunca más se supo".

Consuelo finalizó diciendo: “Creo que la figura del desaparecido es de exterminio y no de ideología, uno de los ejemplos más fuertes es el de Azucena, embarazada y desaparecida junto a toda su familia, ¿qué ideología justifica eso? Únicamente el exterminio”.

La increíble historia de Tomás Martín Castro Mayta

Martín es protagonista de una historia increíble. Este nieto de gallego por parte de padre (su abuelo, Jesús Antón Castro Pérez era de Carballiño (Ourense) y su abuela, María del Carmen Fernández Diéguez, también era gallega) nació en Buenos Aires en 1975. Sus padres eran Rubén Castro e Isolina Rocchi. Rubén tenía un hermano, Fermín, viviendo en Galicia. Rubén e Isolina integraban una agrupación política y con la llegada del Gobierno militar muchos compañeros fueron secuestrados. Era muy difícil escapar del acoso militar. En estas condiciones de clandestinidad vino al mundo Martín y su nacimiento no fue registrado. El 20 de mayo de 1977 sus padres lo dejan en la casa de unos amigos porque llovía y hacía mucho frío. Esa noche el ejército secuestra a Rubén e Isolina. La familia no sabía qué hacer con Martín, ellos tenían hijos y en el barrio donde vivían podían comenzar a sospechar. Deciden trasladarse a Santa Fe y luego a Córdoba. En esta última ciudad lo entregan a una familia en un encuentro fugaz. Martín relató parte de esta historia: “Cuando me entregan a mis actuales padres les dicen: ‘Se llama Martín, creemos que nació en marzo o abril del 75’. Se reúnen un par de veces más y esa pareja también es secuestrada en un operativo militar. Ellos eran los únicos que conocían mi verdadera historia, así es como pierdo mi identidad y todo vínculo familiar”.

Los padres adoptivos Hebe y Marcos lo inscribieron como hijo propio en 1978 y cuando creció le contaron sobre la desaparición de sus padres y la falta de información acerca de sus orígenes. En 1981, cuando se funda Abuelas de Plaza de Mayo, el caso de Martín fue la primera denuncia de búsqueda de identidad. Por esos años comienzan a recuperarse hijos de desaparecidos que habían nacido en cautiverio y eran entregados a familias de militares. Martín continuó su búsqueda.

En julio de 1999 en la ciudad de Lugo, la Confederación Intersindical Gallega (CIG) organizó unas jornadas sobre derechos humanos con el fin de denunciar la desaparición de centenares de gallegos y descendientes durante la dictadura argentina. Fermín, tío paterno de Martín, se acerca a las oficinas de la central sindical y cuenta que su hermano, su cuñada y su sobrino están desaparecidos. Le dijeron que quizás Martín podía estar vivo. Desde la central sindical se comunicaron con la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos y luego con Abuelas de Plaza de Mayo, quienes conocían la búsqueda de Martín. En pocas horas supieron que el joven era la persona que buscaban. Días después tío y sobrino se comunicaron telefónicamente, Con el tiempo Martín encontró a su familia materna que vivía en Buenos Aires y se hicieron un ADN que dio como resultado el 99,98% de compatibilidad. Más adelante Martín dio a conocer su historia a través de los medios con el fin de que otros jóvenes se animen a buscar y recuperar su verdadera identidad. La agrupación Abuelas estima que existen alrededor de 500 niños entre los nacidos en cautiverio y los secuestrados junto a sus padres, de los cuales sólo 78 han recuperado su identidad.

Finalmente, Martín señaló que “desde hace un año y medio llevo el apellido de mi padre biológico y el de mi padre adoptivo. Mi nombre actual es Tomás Martín Castro Mayta. Tomé esta decisión porque si no fuera por Hebe y Marcos yo no hubiera recuperado mi historia”.

España Exterior, España
03-01-2006