{titleflag:co}Univisión, USA (14-04-2007)
BOGOTA, 14 Abr 2007 (AFP)

Al menos 30 fosas comunes que podrían contener más de un centenar de víctimas de los grupos paramilitares, fueron localizadas en las últimas horas en zona rural del municipio colombiano de Mapiripán (centro-este), informó este sábado una fuente de la Fiscalía.

"Yo creo que supera el centenar de víctimas las que vamos a encontrar en estos sitios", dijo a periodistas Luis González, jefe de la unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía, que investiga y procesa a los desmovilizados miembros de las paramilitares Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

El hallazgo de las fosas se logró por la colaboración del desmovilizado jefe de las AUC (extrema derecha), Manuel de Jesús Piraván (alias 'Jorge Pirata') quien guió a las autoridades hasta el lugar.

"Hay cadáveres de personas que tenemos registradas como desaparecidas, de personas que las familias reclaman", dijo González.

Tras la ubicación de las fosas, la Fiscalía comenzará a examinarlas y en unas dos semanas dará a conocer el balance de víctimas que se localicen en el lugar.

En octubre de 2005 la CIDH condenó al Estado colombiano por la muerte de al menos 49 personas en Mapiripán (departamento de Meta), en un hecho ocurrido entre el 15 y el 20 de julio de 1997, atribuido a los paramilitares.

En su fallo, la Corte aseguró que miembros del ejército colombiano colaboraron para que los paramilitares cometieran la masacre.

Piraván, jefe del bloque Héroes del Llano y Guaviare de las AUC, es uno de los líderes paramilitares que se desmovilizó al término del proceso de paz que se llevó a cabo entre el 2003 y abril de 2006, y que concluyó con la entrega de armas de unos 32.000 combatientes, según cifras del gobierno.

Piraván y al menos otros 13 jefes paramilitares se encuentran detenidos en una cárcel de alta seguridad del noroeste del país, a la espera de ser procesados en desarrollo de la ley de Justicia y Paz que se aplica a los miembros de grupos armados ilegales desmovilizados.

La ley contempla penas de entre cinco y ocho años de cárcel para los delitos de lesa humanidad cometidos por los desmovilizados que confiesen sus delitos y reparen a las víctimas.