{titleflag:uy}Hay noticias que se repiten todos los años. La tauromaquia masiva de los sanfermines en Pamplona el 7 de julio. Los accidentes de tránsito en la madrugada del 25 de agosto. La crucifixión de los penitentes filipinos en Viernes Santo. La resucitación de los dinosaurios uruguayos el 14 de abril.

En la mañana de hace 35 años, comandos tupamaros asesinaron a cuatro miembros de “escuadrones de la muerte” que asolaban, según la delación de un policía, a militantes izquierdistas desarmados. En las horas siguientes morirían ocho tupamaros a manos de policías, en lo que pareció una seguidilla de ejecuciones en represalia, casi sin intercambio de disparos. Las estrategias aplicadas por ambos bandos (la emboscada y la ratonera) impiden enmarcar las acciones de esa jornada, una de las más sangrientas del período, en una “guerra”. No fueron combates, ni siquiera escaramuzas. Fueron atentados, zarpazos desesperados, golpes y huidas.

La última y más bizarra de las agresiones de ese viernes, hoy casi olvidada, ocurrió a la noche. Hombres de civil, disfrazados y armados a guerra, irrumpieron en la sede central del Partido Comunista, en la vieja calle Sierra, ordenaron a cientos de personas allí reunidas echarse cuerpo a tierra y destrozaron el local a tiros y patadas. Por casualidad no murió nadie. No hubo combate, porque los comunistas estaban desarmados.

El río de sangre se ensancharía en ese abril amargo. El sábado 15, blancos y colorados aprobaron en el Parlamento el Estado de Guerra Interno, una definición con mayúscula que los hechos no sostienen. El presidente Juan María Bordaberry, que llevaba un mes y medio en el cargo, suspendió las garantías individuales para salvaguardar, según dijo, la seguridad de los ciudadanos. Pero no la de una decena de frenteamplistas como Juan José Crottogini, Carlos Martínez Moreno y Carlos Quijano, cuyas casas sufrieron en la madrugada siguiente atentados con ametralladoras y bazukas, cometidos por desconocidos de ésos a los que nadie perseguía... excepto los tupamaros.

El lunes 17, militares y policías fusilaron a ocho personas en la seccional 20 del Partido Comunista, y en circunstancias no aclaradas una bala de arma de guerra mató al capitán Wilfredo Busconi. Un mes más tarde, el 18 de mayo, caían acribillados cuatro soldados que custodiaban al comandante del Ejército, Florencio Gravina. Fue una ejecución, según el gobierno de la época, o un intercambio de tiros con posterior montaje fotográfico, según los tupamaros. Algún aficionado a la búsqueda de Wally pretende identificar dos demonios en este panorama. Pero en este álbum hay unas cuantas figuritas de demonios mayores y menores, vestidos de verde, de azul y de civil, todos ellos con intereses muy diversos, y como tres millones de ángeles a los que les cortaron las alas.

La desigual gresca seguiría durante 13 años más, la mayoría de ellos bajo una dictadura cívico-militar de derecha. Otro 14 de abril, pero de 1984, el médico Vladimir Roslik fue detenido por un comando del Ejército en su casa de San Javier. Dos días después le devolvieron el cuerpo a la familia. Fue el último muerto por torturas de la dictadura.

¿Para qué hablar de noticias tan viejas en este viernes 13?

Porque el 14 de abril fue consagrado hasta hace apenas un par de años a la reafirmación de una versión unilateral y mentirosa de la historia. Las Fuerzas Armadas, la Policía y los clubes sociales de uniformados la mantuvieron sin la revisión que hoy les exigen a los tupamaros, y mañana la ratificarán.

Cabe señalar, por ejemplo, que según ha trascendido, los operativos tupamaros de esa fecha fueron impuestos por un pequeño grupo, la Columna 15, con la oposición de líderes como Raúl Sendic, Eleuterio Fernández Huidobro, José Mujica y también Jorge Zabalza, a quien se suele pintar con cuernos y cola aun desde la izquierda.

Los tupamaros pagaron su opción militar con cárcel, tortura, desaparición, muerte y destierro. Sufrieron igual destino dirigentes dedicados a la política legal y ciudadanos de a pie que nunca habían empuñado un arma. Los militares y policías acusados de graves crímenes pasaron hasta ahora por algunos procesamientos y ninguna condena. Tres millones de uruguayos padecieron diversos grados de represión: muchos con pesar, algunos con gozoso masoquismo.

Esos tres millones de uruguayos merecen una compensación. Un gobierno que presente proyectos de ley decentes, aunque sea.

Marcelo Jelen