{titleflag:co}Red Colombiana de Acción frente al Libre Comercio y el ALCA, Recalca

Bogotá, Abril 10 de 2007

El gobierno colombiano sigue dispuesto a aceptar cualquier cosa que acuerden los demócratas y republicanos en Estados Unidos con respecto al TLC. Efectivamente la bancada demócrata ha llamado a la formulación de una “nueva política comercial” que reforme las disposiciones en materia de propiedad intelectual, laboral y medio ambiente de los TLC que están en trámite y que asegure ganancias reales para los empresarios y trabajadores estadounidenses. También quieren que si se van a aprobar nuevos TLC estos tengan su sello ya que tienen una nueva mayoría en el Congreso. Los republicanos consideraron “positiva” la propuesta demócrata que pide que se apliquen los estándares laborales de la OIT, instrumentos para aplicar los acuerdos ambientales multilaterales y facilitar el acceso a los medicamentos genéricos.

Charles Rangel presidente de la Comisión de Medios y Arbitrios se ha opuesto previamente a la idea de una carta adjunta y Thea Lee, directora de política en la federación laboral AFL-CIO, dijo que una carta adjunta no atiende sus preocupaciones, las cuales van más allá de las cláusulas laborales en áreas tales como inversión, medio ambiente y gestión gubernamental.

Sin embargo en la fecha prevista, el 31 de marzo, y que era considerada como el límite para iniciar un trámite de 90 días en el parlamento norteamericano, no arribaron a un acuerdo y dijeron que los plazos no eran tan perentorios y que lo más importante era resguardar la posibilidad de formular una política comercial bipartidista, anunciaron informalmente que posiblemente en dos semanas haya algunos resultados y presentaron un proyecto ampliando la vigencia del ATPDEA. No sirvió el llamado de Bush para que el parlamento lo votara rápidamente y por el contrario, la jefe de la mayoría demócrata, le hizo un desaire al irse a visitar al mandatario de Siria, considerado por Bush parte del “eje del mal”

La administración de Uribe todavía no se ha enterado sobre el alcance de los cambios, ni los mecanismos para hacerlos. Es nuevamente convidada de piedra, limitándose como durante la negociación a decir si a cualquier cosa que propongan los norteamericanos. Aun cuando al comienzo consideraron imposible cualquier modificación, con el correr de los días han tenido que resignarse al hecho de que en todos los estadios del trámite, Estados Unidos quiere ventajas adicionales, impone nuevas condiciones, alarga o acorta los plazos a su antojo y supedita cualquier acuerdo a sus conveniencias internas.

Ahora Uribe tiene la interpretación de que no importa cuando se estudie en el Congreso Norteamericano, pues el hecho de haberse firmado con anticipación les permite aprobarlo por el método de la vía rápida. Con tal tener el TLC aprobado, hace cualquier interpretación, así tenga que torcerle la mano al hecho de que este tipo de tratados reciben cada vez más cuestionamientos en Estados Unidos.

En Colombia tampoco el gobierno pudo cumplir los plazos que se fijó para la aprobación en las comisiones segundas, que era el 16 de marzo. Todavía no se han presentado todas las ponencias y los liberales que se oponen están pendientes de una definición de la bancada, la cual al parecer no se va a adoptar hasta que los demócratas en Estados Unidos no tomen una posición definitiva, a ver si allí les sacan las castañas del fuego. El hecho es que van a haber cambios y el gobierno está forzando en contra de toda legalidad al parlamento a ratificar un texto diferente al que se aprobará en Estados Unidos. La firme oposición de algunos liberales puede terminar acomodándose a una decisión de conveniencia. Si es que el gobierno no logra antes la división del partido liberal, como intenta en Estados Unidos Bush con el partido demócrata. Las voces liberales que llaman a “reformular el Plan de Desarrollo para que responda a las necesidades del libre comercio”, revelan que muchos liberales quieren aprobarlo, pero quieren que el gobierno pague un precio.

El fracaso del gobierno en acelerar este trámite, se debe adicionalmente a las repercusiones nacionales e internacionales de los escándalos de la parapolítica. Muchos demócratas ven con preocupación la profundización de la crisis y los vínculos del gobierno con los paramilitares, cosa que se agrava con la vinculación de 46 empresas colombianas a la “Lista Clinton”, de empresas acusadas de relacionarse con el narcotráfico. Los demócratas llegaron a afirmar “Tenemos que estar satisfechos del gobierno Uribe y los paramilitares antes de actuar frente al TLC o el Plan Colombia”, pero a renglón seguido afirmaron “creemos que no hay nada en nuestro documento que no sea superable con alguna discusión”.

El movimiento popular avanza en su crítica al tratado y a toda la política oficial. Las movilizaciones gigantescas del 7 de marzo, la toma de Bogotá y el anuncio de que habrá un multitudinario 1 de mayo y un paro nacional en 23 de ese mes todo esto contra el tratado, anuncia que la lucha continúa y que llegará a nuevos niveles.