{titleflag:uy}El Observador, Uruguay (10-04-2007)

LOS LEGISLADORES QUIEREN ACOTAR EL PERÍODO DE VIGENCIA Y HACER LA NORMA MÁS RESTRICTIVA

Los parlamentarios consideran que la lucha contra la guerrilla terminó en 1972

La bancada del Frente Amplio modificará el proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo al Parlamento para reparar a los familiares de las víctimas de la guerrilla con la intención de restringir los beneficios.

Los legisladores oficialistas consideran que la iniciativa del gobierno va en contra de los postulados de la izquierda respecto a los hechos del pasado. Consideran que equipara a los que murieron siendo “agentes del Estado” con los desaparecidos por las Fuerzas Conjuntas, informaron a El Observador fuentes de la izquierda. La bancada entiende que la lucha antisubversiva terminó en 1972, cuando la guerrilla fue vencida. También rechazan algunas consideraciones positivas sobre las acciones de las fuerzas estatales en aquellos años.

El proyecto de ley establece una reparación económica de US$ 150 mil para cada familia de “civiles, policías e integrantes de las Fuerzas Armadas que perdieron su vida en ocasión o a consecuencia del enfrentamiento armado con la sedición que tuvo lugar entre 1962 y 1976”. La iniciativa también incluye en la reparación a los desaparecidos que están señalados en el informe final de la Comisión para la Paz.

Contradicciones enormes. El abogado de Familiares de Detenidos-Desaparecidos, Eduardo Pirotto, dijo a El Observador que existe una “enorme contradicción” por parte del Poder Ejecutivo, ya que las 26 personas que figuran en el informe final de la Comisión para la Paz desaparecieron entre 1971 y 1982. Por su parte, a los legisladores del FA les crispa los pelos algunos conceptos plasmados en la exposición de motivos del proyecto de ley, que recoge una iniciativa del diputado colorado Daniel García Pintos.

Uno de los párrafos que más irrita a los izquierdistas es el siguiente, que refiere a los policías y militares: “Debemos considerar que las circunstancias mencionadas, si bien están comprendidas en actos de servicio, en realidad representaron mucho más, teniendo en cuenta el ambiente de violencia extrema reinante en el país y la inquebrantable defensa que hicieron militares y policiales de una sociedad que se encontraba conmovida por dicha situación”.

Para los parlamentarios de izquierda, “la inquebrantable defensa” a la que alude el texto no determinó ni más ni menos que lo que se consideran “terrorismo de Estado” y las decenas muertos y detenidos desaparecidos.

Civiles. Respecto a los civiles, el proyecto del Poder Ejecutivo sostiene que encontraron la muerte en forma “injusta” porque no participaron en forma directa en los hechos.

“No nos cabe duda de que en su mayoría pertenecían a hogares de modesta condición económica, que se vieron conmovidos en toda su estructura moral y material, por esta situación de las cuales esas familias no le encontraron ni le encontrarán ninguna explicación”, dice el poyecto.

La iniciativa añade que, en momentos en que se pretende “cerrar definitivamente esta dolorosa etapa”, el gobierno tiene la convicción de que deben tener una respuesta del Estado.

“Este proyecto pretende coadyuvar en la consolidación de las paz que todos anhelamos, dando un justo tratamiento a estas familias, víctimas inocentes de las acciones violentas mencionadas”, dice el proyecto de ley elaborado por el gobierno. Los legisladores oficialistas no opinan lo mismo que el Ejecutivo.

APUNTE

Mesa Política pidió explicaciones

La Mesa Política del Frente Amplio solicitó al Poder Ejecutivo que informe al órgano de izquierda sobre los alcances del proyecto de ley que repara a las víctimas de la sedición. El gobierno deberá designar un ministro para que concurra a dar las explicaciones del caso. Los miembros de la dirección frenteamplista aguardan que el jerarca designado por el gobierno concurra el próximo lunes.

Los destinatarios

En primera instancia recibirán el beneficio los hijos naturales. De no existir, la reparación irá para un cónyuge y, en última instancia, para los padres de la víctima. Para recibir la compensación los familiares deberán presentar una carta al Ministerio de Economía y Finanzas. Al hacerse efectivo el cobro, los beneficiados deberán suscribir una declaración de no tener más que reclamar al Estado.

Las cifras

- 18 fueron los miembros de las Fuerzas Armadas muertos, seis de ellos después de 1972.
- 14 civiles fallecieron, tres de ellos luego de 1972.
- 34 policías murieron, dos de ellos después de 1972.
- US$ 10 millones es lo que el gobierno uruguayo pagará a los familiares de las víctimas de la guerrilla.