{titleflag:uy}La República, Uruguay (02-04-2007)

El fiscal Moller, que también archivó el caso de la nuera de Gelman, actuó en dos de estas instancias

Preocupación en Ielsur por los tres últimos archivos de casos de DDHH dispuestos por la Justicia Penal

Miembros del Instituto de Estudios Legales y Sociales del Uruguay (Ielsur) están preocupados ante los tres últimos archivos de casos de violaciones a los Derechos Humanos durante la dictadura que patrocina esa organización, que fueron dispuestos en los últimos días por la Justicia Penal.

Los cuestionamientos surgen tras los archivos de los casos de Oscar Tassino, Eduardo González González y los asesinatos de las jóvenes Silvia Reyes, Laura Raggio y Diana Maidanick, que luego de ser desarchivados a pedido de Ielsur, fueron clausurados nuevamente por los magistrados actuantes.

Estos decretos de archivo fueron ordenados por la Justicia en menos de dos meses. El juez Rolando Vomero y el fiscal Enrique Möller en el caso Tassino; el magistrado Roberto Timbal y la fiscal Olga Carballo en la causa González González y el juez Pablo Eguren y nuevamente el fiscal Möller en el expediente Reyes, Raggio y Maidanick.

En los tres casos, para resolver el archivo se argumentó que los hechos están amparados dentro de la Ley de Caducidad, motivo por el cual la investigación de los mismos no corresponde al Poder Judicial sino al Poder Ejecutivo.

El abogado de Ielsur, Martín Sbrocca, dijo a LA REPUBLICA que "existe una preocupación obvia, porque cuando se presenta una estrategia judicial, se tiene la esperanza de que salga bien", y atribuyó esta serie de archivos a "un doble discurso".

Después de la Semana de Turismo Ielsur convocará a una conferencia de prensa para explicar los motivos por los cuales no se comparten estas decisiones de la Justicia, al tiempo que en los próximos días los abogados de la organización analizarán los posibles pasos a seguir.

Los casos

La denuncia por el caso Reyes, Raggio y Maidanick, las tres jóvenes salvajemente asesinadas el 21 de abril de 1974 en un operativo de las Fuerzas Conjuntas, había sido presentada ante la Justicia Penal en octubre de 1986, pero fue archivada. En ese mismo mes, pero de 2005, se pidió el desarchivo, buscando simplemente esclarecer el hecho, sin atribuir responsabilidad penal a ninguno de los militares presuntamente implicados, cosa a la que el fiscal Möller se opuso, motivo por el cual el juez Eguren volvió a archivar el caso.

La demanda por la desaparición de Oscar Tassino, quien fue detenido en julio de 1974, fue presentada a mediados de 2006, argumentando "el derecho a la verdad", sin buscar atribuir responsabilidad penal. El fiscal Möller también se opuso a retomar esta indagatoria, por lo cual el juez Vomero volvió el caso al archivo del Juzgado Penal de 10º Turno.

La tercera causa en cuestión es la que denuncia la desaparición de Luis Eduardo González González, ocurrida el 3 de diciembre de 1974. Este caso, por el cual fue inculpado el ex dictador Juan María Bordaberry al ser procesado el año pasado por la jueza Graciela Gatti, fue incluido en la Ley de Caducidad por la fiscal Olga Carballo, quien solicitó su archivo al juez Roberto Timbal.