{titleflag:mx}Proceso, México

ANÁLISIS

Jorge Carrasco Araizaga

México, D.F., 19 de marzo (apro).- Juzgado ya por la historia, Luis Echeverría Álvarez se juega su última carta para quedar liberado en definitiva de las acusaciones que pesan en su contra por la matanza del 2 de octubre de 1968, ocurrida cuando era secretario de Gobernación.

A sus 85 años y con arteriosclerosis, uno de los hombres fuertes del autoritarismo del siglo pasado vive bajo prisión domiciliaria desde el 29 de noviembre de 2006, por orden del Segundo Tribunal Unitario en materia penal con sede en el Distrito Federal.

Está preso por el delito de genocidio, acusación hecha por la ya casi desaparecida Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp). Su todavía titular, Ignacio Carrillo Prieto, difícilmente puede sostener con el derecho que en verdad haya existido ese delito.

Otro tribunal del DF ya lo estableció en relación con la matanza del 10 de junio de 1971, cuando el grupo paramilitar conocido como “Los Halcones”, creado cuando Echeverría era secretario de Gobernación, atacó y asesinó a decenas de estudiantes que se manifestaban por primera vez desde los hechos del 2 de octubre.

Es probable que el magistrado a cargo del juicio por el 68 también lo exonere al declarar que no se puede acreditar que la matanza del 2 de octubre en Tlatelolco haya sido un genocidio, y determine que no se trató de exterminar a un grupo nacional.

Por lo pronto, el pasado viernes ya decretó una suspensión provisional de la orden judicial dictada para que se realizara la ficha policial del expresidente y se le practicara un estudio clínico criminológico. Es de esperar que la próxima semana se decrete en definitiva la suspensión de esa orden.

Al acusarlo de genocida, lo que hizo Carrillo Prieto fue abrirle la puerta a Echeverría para salir librado, conforme a los procesos judiciales. Es decir, quedar libre con todas las de la ley.

Carrillo Prieto optó por la espectacularidad y el escándalo antes que actuar con responsabilidad política ante un delicado periodo de la historia de México y la tragedia de cientos de familias en diferentes estados de la República.

Acotado por el diseño institucional de una fiscalía especial, impulsada por el primer secretario de Gobernación del foxismo y actual coordinador del PAN en el Senado, Santiago Creel, Carrillo y su fiscalía no fueron capaces de ofrecer verdad ni justicia.

Fue más espectacular acusar a Echeverría de genocida que establecer la responsabilidad del Estado autoritario que durante décadas no dudó en cometer crímenes y reprimir violentamente a quienes luchaban por la democratización del país.

Echeverría, no sólo como presidente sino como parte de la elite política durante doce años, fue responsable de esos crímenes de Estado. De eso no hay duda. Por eso, ante la conciencia nacional ha quedado como responsable. Pero de ahí al genocidio hay una gran distancia.

Carrillo Prieto sabía que no podía llegar lejos, a menos de que por consigna política Echeverría fuera finalmente declarado culpable.

Pero ese escenario parece lejano porque Felipe Calderón requiere para la estabilidad de su gobierno el apoyo del PRI. Y hasta ahora lo tiene asegurado con Beatriz Paredes, la nueva presidenta del Revolucionario Institucional y hechura del propio Echeverría como parte de lo que se conoció “los cachorros” de la Revolución Mexicana.

Lejos de la visión de un estadista y más bien pragmático, Calderón no hará suyo el tema de Echeverría. Y el PRI evitará a toda costa que uno de sus principales integrantes sea declarado penalmente como genocida.