{titleflag:sv}El País, España (19-03-2007)

Tres décadas de impunidad en El Salvador

JUAN JOSÉ DALTON - San Salvador

Guadalupe Mejía, de 64 años de edad, es uno de los rostros más conocidos entre los defensores de los derechos humanos de El Salvador desde antes, durante y después de la guerra civil (1980-1992). No es por gusto: su esposo, Justo Mejía, catequista y uno de los principales líderes de la poderosa Federación de Campesinos Católicos de El Salvador (Feccas), fue brutalmente asesinado hace 30 años por agentes de la Guardia Nacional (GN). Desde entonces, Guadalupe busca una justicia que hasta ahora le ha negado el Estado salvadoreño.

“Han pasado 30 años y el caso del asesinato de Justo está en la impunidad. No es el único caso... En El Salvador no se ha hecho justicia para ninguna de las víctimas”, dijo Guadalupe con pesar. “Justo fue capturado el 9 de noviembre de 1977 y ese mismo día lo asesinaron. Lo buscamos como aguja en pajar, hasta que encontramos su cadáver allá en las cercanías de Dulce Nombre de María, en la provincia de Chalatenango”, recuerda la humilde señora.

Testimonios de la época dan cuenta de que Mejía fue capturado por agentes de la GN y torturado delante de la gente con la que estaba reunido; luego, ya agonizante, sus verdugos intentaron pasearle por otros cantones de Chalatenango a modo de escarmiento, a fin de que no se organizaran nuevos grupos de la Feccas, pero falleció antes y lo dejaron colgado de un árbol.

Guadalupe, que tuvo nueve hijos -cinco mujeres y cuatro hombres- con Justo, asegura que se están recopilando datos y testimonios para reabrir casos de lesa humanidad ocurridos antes de la guerra civil, como el de su esposo o el del sacerdote Rutilio Grande, el primer jesuita asesinado por soldados, en marzo de 1977, hace 30 años.

Pero Guadalupe Mejía tiene enfrente una larga batalla como coordinadora del Comité Pro Memoria Histórica, que agrupa a las más importantes organizaciones no gubernamentales de derechos humanos del país. Se trata de una lucha ardua, aunque ya ha cumplido 14 años: exigir al Estado salvadoreño que ejecute las recomendaciones emanadas de la Comisión de la Verdad, que investigó la violencia política durante la guerra civil, así como que se derogue la Ley de Amnistía de 1993, que permite que graves crímenes de lesa humanidad continúen en total impunidad.

La Comisión de la Verdad, auspiciada por Naciones Unidas, emitió el 15 de marzo de 1993 un informe en el que revelaba, entre otros aspectos, que el mayor Roberto D’Aubuisson -ya fallecido y fundador del actual partido del Gobierno, Arena- fue quien organizó, con militares y civiles de un escuadrón de la muerte, el asesinato del arzobispo Óscar Romero, en 1980.

En el Informe de la Verdad también se revela que un grupo de generales y coroneles, encabezado por el ex ministro René Emilio Ponce, ordenaron la masacre de seis sacerdotes jesuitas y dos de sus colaboradoras en 1989.

En el mismo documento se sostiene que varios guerrilleros, al mando de Joaquín Villalobos, asesinaron a alcaldes de poblaciones rurales, considerados personal civil no armado.

Tras conocerse el Informe de la Verdad, que suscribió el ex presidente colombiano Belisario Betancout, las fuerzas de la derecha, incluido un Ejército Secreto Anticomunista (ESA), presionaron al entonces presidente, Alfredo Cristiani, para que, siete días después, el 22 de marzo de 1993, entrara en vigor la llamada Ley de Amnistía General para la Reconciliación de la Paz, lo que Amnistía Internacional consideró como una “grave afrenta a las víctimas”. La guerra civil dejó 75.000 muertos y 8.000 desaparecidos.

“Los últimos cuatro Gobiernos nos han acusado al decir que pretendemos abrir heridas del pasado. Yo les digo: mis heridas no están sanadas y hasta ahora no he encontrado la medicina para sanarlas. Así que seguiremos luchando para que se investiguen los crímenes del pasado, se sancione a los culpables y se repare a los familiares de las víctimas el daño causado”, dijo finalmente Guadalupe Mejía.

Para esta víctima y hoy activista de los derechos humanos, la impunidad propicia nuevas y recientes violaciones de los derechos humanos, como la desaparición de los jóvenes estudiantes Omar Chávez y Francisco Contreras, capturados supuestamente por policías en 2006 y en febrero pasado, respectivamente.