{titleflag:mx}Forum 164. Marzo de 2007. Páginas 11-13.

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* 94 por ciento de los ríos y los lagos están contaminados * 102 acuíferos son sobrexplotados * Desaparecieron cinco lagunas * 38 ciudades tienen problemas de abasto de agua potable * 11 millones de personas carecen de ella * 77 por ciento de la población está ubicada en las zonas áridas y semiáridas * Se desperdicia 50 por ciento del líquido * 70 por ciento de las aguas residuales no tienen tratamiento * Serias presiones de EUA

La palabra agua aparece 582 veces en el Antiguo testamento y cerca de 80 veces en el Nuevo. Pero no se agota allí el vocabulario referente al agua. La primera y la última página de La biblia sitúan el agua como elemento dominante.

Como en una visión apocalíptica, en nuestro país 94 por ciento de los ríos y los lagos están contaminados, 102 acuíferos son sobrexplotados, desaparecieron cinco lagunas, 38 ciudades tienen problemas serios de abasto de agua potable, 77 por ciento de la población vive en las zonas áridas y semiáridas, 11 millones de personas –sobre todo del campo– carecen de agua potable, el desperdicio de al menos 50 por ciento del líquido, y alrededor de 70 por ciento de aguas residuales sin tratamiento, son algunas de las características que delinean el espectro nacional del agua.

En el sexenio pasado, Vicente Fox señaló que el agua era tema de seguridad nacional, pero los recursos destinados al sector bajaron de 15 mil 732 millones de pesos, en 1998, a 10 mil 566 millones, en 2002; para 2005 se le asignaron 17 mil millones de pesos, 56 por ciento de lo que la propia Comisión Nacional del Agua (CNA) reconoce como necesario para atender al sector. La agricultura utiliza 76 por ciento, de lo cual se pierde 60 por ciento debido a que, de los 6.3 millones de hectáreas de riego, tan sólo un millón están tecnificadas, y en el resto el líquido aún se conduce por canales de tierra, en los que se infiltra o evapora. A esto se agrega que del agua que llega a las ciudades, cerca de 14 por ciento del total del país, 50 por ciento se pierde en fugas de la red de agua potable. Mientras que de 10 por ciento que utiliza la industria, sólo 26 por ciento recibe tratamiento.

A lo anterior se debe añadir que alrededor de 25 millones de mexicanos que radican en 23 ciudades enfrentan una disponibilidad extremadamente baja de agua, de acuerdo con los parámetros de la Organización de Naciones Unidas (ONU), y la mayoría de las ciudades de más de 50 mil habitantes se ubican sobre acuíferos sobrexplotados.

Este escenario fue opacado en la administración de Fox Quesada y se le dio prioridad a las diferencias internacionales entre México y Estados Unidos derivadas del Tratado de Límites y Aguas de 1944. El vecino país nos entrega cada año mil 850 metros cúbicos del río Colorado, y del río Bravo se envían 431.7 millones de metros cúbicos a los estadunidenses. Esto generó una crisis por la larga sequía en la década de los noventa del siglo XX, que impidió cumplir a México con el compromiso y aunque hoy sabemos que ya se cubrió la deuda de agua, es un problema que sigue latente por las eventuales sequías en el norte del territorio nacional.

En 2007, la CNA informó que gracias a las lluvias de 2006, la clausura de 114 extracciones clandestinas de aguas, 30 suspensiones de descargas de aguas residuales, entre otras acciones, permitieron que después de seis años, México va saldando su deuda de agua con Estados Unidos.

La CNA detalla que el logro de prácticamente saldar el adeudo de agua de México con Estados Unidos fue el resultado de seis años de trabajo, gracias al aprovechamiento de agua en los sistemas de riego que se modernizaron así como el control de la extracción ilegal de aguas nacionales. En el campo fue necesario rehabilitar y modernizar la infraestructura en 831 mil 205 hectáreas agrícolas e incorporar 68 mil 355 hectáreas en distritos y unidades de riego, rehabilitar un millón 57 mil hectáreas de las 2.65 millones de hectáreas con las que cuenta el país en los distritos de temporal y tecnificado. La CNA transfirió a los usuarios de aguas organizados, la infraestructura hidroagrícola que beneficia a 186 mil 884 hectáreas de 59 mil 755 agricultores en distritos de riego en los que se conformaron 33 asociaciones civiles de usuarios con lo que se alcanzo 99% de la superficie susceptible a transferir.

También se incorporaron 46 mil 759 hectáreas de temporal tecnificado y cerca de 45 mil hectáreas en distritos de riego, unidades de riego y riego suplementario en la región sur y sureste del país. Agrega la CNA que fue necesaria la elaboración de 79 planes de prevención y atención de emergencias en las zonas más vulnerables del país, rehabilitar 263 presas y realizar mil 168 monitores electromecánicos en 895 de las cuatro mil existentes en el país.

Lo que no comenta la CNA, es que el pago de agua fue el primer compromiso firmado por Fox con Bush, el 16 de marzo de 2001. En este documento se indica que: “...los Comisionados tomaron nota de las conversaciones llevadas a cabo entre el presidente de México, Vicente Fox Quesada y el presidente de Estados Unidos, George W. Bush en San Cristóbal, Guanajuato, el 16 de febrero de 2001, donde se formuló una solicitud de agua por un volumen de 740 millones de metros cúbicos (600,000 acres pie) al 31 de julio de 2001, para reducir el déficit actual de las aportaciones de los tributarios mexicanos del río Bravo. En seguimiento a esta conversación los comisionados revisaron los datos proporcionados por los ingenieros principales y observaron que de finales de septiembre de 2000, al 3 de marzo de 2001, se ha contabilizado a favor de Estados Unidos un volumen de 287 millones de m3 (231,674 acres pie) por lo que sólo restaría cubrir, para el 31 de julio de 2001, un volumen de 453 millones de m3 (367,252 acres pie).”

La solicitud estadunidense, de la cual “tomaron nota” los comisionados, fue hecha en pleno ataque estadunidense a Irak por lo que tomaba mayor “sabor” la recomendación contenida en el acta acerca de que: “...los gobiernos de México y Estados Unidos, animados por el espíritu de amistad que prevalece en la relación entre los dos países y comprometidos a prevenir que tengan que encontrarse nuevamente en situaciones como las que aquí se han tratado, trabajan conjuntamente para identificar medidas de cooperación en materia de manejo de sequías y de manejo sustentable de esta cuenca.”

El fondo del Acta 307 es doble. Por un lado fue una negociación que jugó un encabezamiento fundamental en el preámbulo de las elecciones a gobernador de Texas. Por el otro lado, y el más importante, asentaba legalmente la posibilidad de violar las fechas de pago –de México a EUA– en el sentido de su adelanto, algo urgente pues la severa sequía ya comenzaba a afectar seriamente a los agricultores texanos al comprometer el riego de los cultivos de la temporada de verano.

En base al tratado de 1944, México debe de pagar anualmente un monto mínimo garantizado de agua que no es reducido proporcionalmente en caso de intensa sequía (algo que sí sucede en el caso de los pagos de agua de EUA en el Colorado y en el tramo del Bravo que va de El Paso a Fort Quitman). Recuérdese que ese pago mexicano de agua puede hacerse en un ciclo de cinco años de tolerancia, por lo que México, en este caso, no estaba obligado a pagar su adeudo. En el caso del ciclo 25 (1992-1997) que venció en septiembre de 2002, ya estaban pagadas las cuotas correspondientes antes de que se firmara el Acta 307, mientras que en el del ciclo 26, esas se tienen que cubrir durante este año.

El tema de las fechas de vencimiento se maniobró y fue acordada la primera reunión entre los presidentes Vicente Fox y George W. Bush justo para hacer creer a la opinión pública en EUA que México se estaba “robando” el agua. Así, el 18 de mayo de 2002, en la 41 Reunión Parlamentaria celebrada en Guanajuato, Silvestre Reyes, representante de Texas y miembro de la delegación de legisladores estadunidenses, insistió en que México debía cumplir con la entrega del agua, pues de lo contrario esto puede considerarse como un robo.

Por su parte, el entonces embajador de EUA en México Jeffrey Davidow, afirmó en esa misma reunión que México tenía agua suficiente para pagar el adeudo a EUA, pero la estaban desviando en el norte para sembrar más de 25 mil hectáreas, amenazando que investigarán el agua que hay en Chihuahua, para que fuera enviada a Texas. Textualmente pronunció: “...nosotros vamos a investigar por satélite si hay agua, pero es necesario mandar un equipo de la Comisión Binacional de Agua, para hacer un estudio.” Es más, en otra ocasión, Frank White, gerente de 28 distrito de riego del sur de Texas afirmó que “...México nos ha robado el agua porque Chihuahua no quiere soltar el agua del río Conchos... el problema es que han convertido el desierto en un oasis con nuestra agua.”

En respuesta al embajador Davidow, el priísta Oscar Lubbert, a la sazón senador por Tamaulipas, indicó que si en la región se habían regado 25 mil hectáreas, “...hay más de 200 mil en Tamaulipas y parte de Coahuila que no han recibido una sola gota de agua...”. El entonces gobernador de Chihuahua, Patricio Martínez había suscrito que “...el agua que era de Chihuahua y... el Tratado que le conviene a México, no le conviene a mi estado. Porque nosotros estamos obligados a pagar 54% de las aguas que el país entrega a Estados Unidos, para sólo recibir 5% para el Valle de Juárez. ¡Eso se acabo!... si quieren agua, de alguna manera tendrán que pagarla... el tratado no tiene por qué ser eterno; no podemos pagarles lo que no tenemos.”

La postura antes expuesta no era casual, Chihuahua es el único estado del país que se rige por dos tratados, el de 1906 y el de 1944. De ahí que indique el gobernador chihuahuense los respectivos porcentajes. Y es que el disgusto por la situación del Valle de Juárez (regulado bajo el tratado de 1906) ha sido histórico, incluso cuando se firmó el tratado de 1944 se señaló la inconformidad por el mismo, puesto que no resolvía los problemas de esa región.

Las reacciones en México no quedaban ahí, el 19 de mayo de 2002, el presidente del Consejo Agropecuario Regional de Tamaulipas, Jorge Luis López Martínez, suscribió que 50 mil familias que subsistían sólo de la agricultura del distrito 025 quedarían en total desamparo si se cumplía el Acta 307.

El daño era grave porque afectaría a 14 mil productores de 202 mil hectáreas con una producción anual de 450 mil toneladas y una derrama económica de 800 millones de pesos. Es pues, dijo López Martínez, inaudito que Vicente Fox viole la ley, firmando convenios y acuerdos del pago de deudas de un agua que no tiene y que además no debe disponer de la poca que hay ya que una ley que dice claramente que pertenece a los productores agrícolas del distrito de riego 025 y que fue creado por decreto presidencial el 27 de junio de 1942 y publicado en El Diario Oficial de la Federación el 10 de agosto de 1953. Tal decreto veda las aguas debajo de la presa internacional Falcón al indicar que, “...nadie, ni siquiera el presidente de la República, puede hacer uso del agua del río Bravo y sus afluentes, a menos que se derogue esa ley.”

Las presiones del embajador Davidow se estaban concretando. Desde febrero de 2002 se venían elaborando cada dos semanas informes por el Center for Space Research (CSR) de la Universidad de Texas en Austin, basándose en análisis sensoriales remotos por satélite, en los que se daba información detallada sobre las reservas de agua fronterizas, particularmente de Chihuahua, con el objeto de ofrecer al gobierno de Estados Unidos información puntual para “las negociaciones” con el gobierno mexicano. En el presupuesto de 2002 se había ya aprobado un programa de largo plazo denominado National Assessment of Water Availability and Use que determinaba la disponibilidad de agua superficial y subterránea y la dimensión de las necesidades de la misma a lo largo y ancho del país.

Desde el 2000 se viene discutiendo y tomando seriamente el asunto del agua pues como indica la US Geological Survey en un informe de 2004 dirigido al Congreso estadunidense: “... en muchas partes del país, la competencia por el agua para satisfacer las necesidades de las ciudades, hogares, granjas e industria, se está incrementando.”

En un escenario de “deudor” y “acreedor”, el agua de la región fronteriza comienza a generar geopolíticas. A modo de comprometer más, es de subrayarse que en julio de 2003 se firmó el Acta 309 en el que se establece que México deberá entregar el agua que se ahorre con obras de modernización y tecnificación de infraestructura hidráulica, modificando el monto y procedencia del mínimo del líquido a pagar anualmente, especificando que se debe transferir de inmediato el agua almacenada que rebase los 1,044 millones de m3.

El acta viola los artículos 76 fracción primera y el 89 fracción X de la Constitución porque implica, “... además de una modificación de la práctica, una franca violación al Tratado Internacional de Límites y Aguas suscrito por ambas naciones en 1944, privando de agua a las ciudades fronterizas como al campo. No obstante el Senado de la República ha permanecido omiso a este relevante problema.

En suma, la disposición del gobierno de Fox de pagar agua de forma adelantada en medio de una severa sequía fue un acto que puede volverse a repetir y que implica la violación de los periodos de pago del tratado de 1944 en las cantidades estipuladas en las actas 307 y 309. A partir de 2003, la situación climática fue cambiando considerablemente en la cuenca mexicana del Bravo, incrementándose la disponibilidad de agua y con ello de la capacidad de cesión de agua a EUA, algo que ese país aprovechó. En enero de 2004 se pagó, nuevamente sin avisar públicamente, cerca de 224 millones de m3 desde las represas Falcón y Amistad. En diciembre de 2003, la Junta del Buen Vecino (organismo que asesora al presidente y al Senado de EUA, presidido por la Agencia de Protección al Medio Ambiente de ese país y en el que participan representantes de otras ocho agencias gubernamentales y de los cuatro estados que colindan con México), recomendó “... la realización de estudios sobre los acuíferos transfronterizos para abordar temas como los derechos sobre el agua subterránea.”

La perspectiva más probable en ese escenario, es que se establezca un acuerdo de pago de agua por agua y agua por dinero, éste último es un esquema que ya se viene negociando con Canadá desde la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. En ambos casos, Estados Unidos sale ganando y, en el esquema “agua por dinero”, la deuda monetaria generaría intereses de deuda; el agua no.