{titleflag:sv}OregonLive.com, USA (15-03-2007)

Por MARCOS ALEMAN
The Associated Press

SAN SALVADOR (AP) ­ Organizaciones de derechos humanos exigieron el jueves al Estado salvadoreño que cumpla con las recomendaciones de la Comisión de la Verdad de las Naciones Unidas y afirmaron que en el país sigue imperando la impunidad.

"Seguimos esperando encontrar la verdad, seguimos esperando encontrar a nuestros familiares o saber donde los enterraron", dijo Alicia de García, del Comité de Madres y Familiares de Desaparecidos y asesinados políticos de El Salvador.

Representantes de 11 organizaciones que integran la Comisión de Trabajo en Derechos Humanos Pro-Memoria Histórica de El Salvador, se reunieron para reclamar justicia frente al monumento a la Memoria y la Verdad donde están escritos los nombres de más de 28.000 salvadoreños asesinados o desaparecidos durante la pasada guerra civil.

El gobierno y la guerrilla suscribieron la paz el 16 de enero de 1992 en el Castillo de Chapultepec de la ciudad de México, poniendo así fin a un cruento conflicto propio de la Guerra Fría que dejó más de 75.000 muertos, 8.000 desaparecidos y donde hubo 12.000 presos políticos.

Al cumplirse 14 años de la entrega del informe de la Comisión de la Verdad, las organizaciones no gubernamentales reclamaron el incumplimiento de los acuerdos sobre todo en materia de sanciones a los violadores de derechos humanos y que el gobierno salvadoreño ha dado por finiquitados.

Los organismos humanitarios acusan al Estado salvadoreño por omisión a la hora de investigar, procesar y sancionar a los responsables de crímenes de lesa humanidad.

También lo acusan por no permitir "el acceso a la verdad, a la justicia y la obtención de reparaciones adecuadas".

Señalaron que uno de los obstáculos más férreos para dar cumplimiento a las recomendaciones de la Comisión de la Verdad, "ha sido la vigencia de la aberrante Ley de Amnistía de 1993, la cual exonera de toda responsabilidad a los criminales y deroga inconstitucionalmente los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación".

La Comisión de la Verdad fue creada por las Naciones Unidas para investigar las atrocidades cometidas por ambos bandos durante la guerra.

"Los casos presentados por la Comisión de la Verdad causaron gran impacto. Altos mandos del ejército al inicio del conflicto fueron responsabilizados por la perpetración de masacres indiscriminadas contra familias campesinas", dijo Carolina Constanza, del Centro para la Promoción de los Derechos Humanos "Madeleine Lagadec".

Señaló que el extinto "ex mayor del ejército y fundador del partido Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), Roberto D'Aubuisson, fue responsabilizado por dirigir escuadrones de la muerte y ordenar la ejecución del arzobispo (Oscar Arnulfo) Romero" en 1980.

Los militares también fueron responsabilizados del asesinato de cinco sacerdotes jesuitas españoles y un salvadoreño.

Un jurado absolvió a siete de los militares acusados del crimen, mientras que el coronel Guillermo Benavides y el teniente Yusshy Mendoza fueron encontrados culpables de la matanza, pero resultaron beneficiados dos años después con la ley de amnistía.