{titleflag:cl}La Nación, Chile (16-03-2007)

Afirman que es hora de que el Ejecutivo y el Congreso actúen

El abogado Nelson Caucoto destacó la resolución de la Suprema “por su contundencia” y porque profundizó en materia de legislación internacional de derechos humanos.

Jorge Escalante

Con alegría recibieron organismos de derechos humanos el reciente fallo de la Sala Penal de la Corte Suprema, que desechó la amnistía y la prescripción respecto de un oficial (R) de Ejército, invocando tratados internacionales que protegen los derechos fundamentales, haciéndolos prevalecer por sobre la Constitución, la legislación penal interna y la soberanía del país.

Sin embargo, la resolución produjo una reacción entre parlamentarios de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, quienes coincidieron en que tanto el Ejecutivo como el Congreso, no pueden esperar que los tribunales de justicia resuelvan un conflicto, que tiene elementos eminentemente políticos.

En privado, lo mismo comentan ministros de las cortes de Apelaciones y Suprema.

VESTIGIO DE LA DICTADURA

En una opinión más integradora, el abogado del Fasic, Nelson Caucoto, autor del recurso de casación que dio origen al fallo de la Sala Penal, afirmó que “si bien siempre corresponde a los tribunales de justicia resolver en materia de crímenes, y sobre todo de crímenes de guerra y lesa humanidad, Chile debe terminar con la Ley de Amnistía, porque es un vestigio de la dictadura, que no podemos heredarle a nuestros hijos”.

Los cinco ministros de la Sala Penal revocaron un dictamen de la jueza de la Corte de San Miguel, María Estela Elgarrista que, invocando la amnistía de 1978, sobreseyó en 2004 al brigadier (R) Víctor Pinto Pérez, procesado por el homicidio en 1973 del reservista Manuel Rojas.

Refiriéndose a la resolución de la Sala Penal, el diputado (PS) Sergio Aguiló dijo que “el fallo es un estímulo para que el Ejecutivo y el Legislativo resuelvan definitivamente el asunto de la amnistía en Chile”, y agregó que “no podemos descansar sólo en el criterio de los jueces en materia de amnistía y prescripción de los crímenes de lesa humanidad. Hoy nos toca a nosotros y al Gobierno”.

En ese sentido, añadió “aún esperamos” que el Gobierno le ponga urgencia a un proyecto que aprobó la Cámara y está en el Senado, “para modificar el artículo 93 del Código Penal, introduciendo una disposición que establece que estos crímenes no pueden ser objeto de amnistía o prescripción”.

Para el diputado UDI Felipe Salaberry, el fallo “nos inquieta, porque al no existir una interpretación única de la amnistía, genera incertidumbre a mucha gente en el país”, y agregó que es el momento en que la cuestión de la amnistía y la prescripción debe ser resuelta por el Ejecutivo y el Parlamento. “No puede ser que la Corte Suprema haga nuestro trabajo”.

Comentando el dictamen supremo, el abogado Caucoto lo destacó “por su contundencia”, porque profundiza “en la relevancia del derecho internacional en materia de derechos humanos”, y porque “finalmente, tratándose de un homicidio y no de un secuestro el de Manuel Rojas, la corte zanjó esta diferencia en materia de amnistía”. LN