{titleflag:ar}Boletín Electrónico de noticias y actividades de la AEDD nro 309
Asociación de ex Detenidos Desaparecidos
Buenos Aires, Argentina

Ante la nota de opinión firmada por Mario Wainfeld publicada en Página 12 el 12 de febrero, que transcribimos al pie de éste, la Asociación de Ex Detenidos-Desaparecidos solicitó derecho a réplica enviando la nota que sigue. El diario cuestionó la extensión de la misma por lo que el lunes 5 de marzo se publicó una versión reducida.

Sr. Mario Wainfeld:

Nos acercamos al 31 aniversario de esa fatídica fecha que fue el 24 de marzo de 1976. 31 años en los que el pueblo argentino, a través de sus organismos de DDHH y sus organizaciones populares, han luchado incesantemente por Memoria, Verdad y Justicia.

Nunca fue fácil, Sr. Wainfeld, y tampoco hoy lo es.

No nos es fácil, ni grato, tener que reiterar una y otra vez lo que significó el Genocidio en nuestro país. Tampoco nos es grato tener que enumerar una y cien veces lo que le sucedió a nuestros 30.000 compañeros desaparecidos, a sus hijos apropiados, a los exiliados, a los torturados, a todos los genocidados.

Pero parece que siempre hay que volver a decirlo: luchamos por Verdad, queremos que el Estado nos diga qué pasó con todos y cada uno de nuestros compañeros. Sabemos lo que vivieron en los campos de concentración, porque estuvimos allí. Sabemos que los desaparecieron, y que muchos fueron arrojados al mar, porque algunos de ellos volvieron a la costa para acusar junto a nosotros, como las madres entregadas por el genocida Astiz.

Luchamos por Verdad, queremos que el Estado le devuelva su identidad a los más de 500 niños que, secuestrados con sus padres o nacidos en cautiverio, fueron apropiados por los genocidas y sus cómplices, y hoy, jóvenes, permanecen desaparecidos y viven con su identidad cambiada.

Luchamos por Justicia, porque todos (desde el primero hasta el último) de los genocidas vayan a la cárcel. A cárcel común como el resto de los mortales, a cárcel efectiva que no los deje ir a jugar al golf los fines de semana, y a cárcel perpetua por los crímenes tan aberrantes que cometieron y porque nuestro pueblo no merece y no quiere convivir con ellos en las calles.

Frente a su nota “Como la mujer del César” publicada el último 12 de febrero de 2007, en la que hace pública la preocupación de ciertos funcionarios porque los procesos por violaciones de derechos humanos no transmiten apego a la ley, nos llama la atención que usted escriba una nota de opinión sin decir cuál es la suya y que, en cambio, la base en las inquietudes de anónimas aunque –según dice– calificadísimas fuentes. A esas fuentes, entonces, nos dirigimos.

Les preguntamos si saben que la inmensa mayoría de las causas contra los genocidas están prácticamente paralizadas y que si pocas, poquísimas, algo han avanzado, fue gracias a las investigaciones y recopilaciones testimoniales que venimos haciendo desde el día en que salimos de los campos de concentración, junto al inclaudicable trabajo de otras organizaciones hermanas.

Les preguntamos si saben lo que significa esperar, año tras año, el avance milimétrico de una causa; si saben lo que es sentarse una, dos, diez veces a relatar nuevamente la experiencia concentracionaria; les pedimos que recuerden a Julio López quien fue a testimoniar "para que todos sepan y haya castigo". Deberían apreciar la paciencia a pesar del dolor y la impunidad. Si saben lo que es esperar una (aunque sea una!) información sobre un hijo, un nieto, un compañero, un familiar, un amigo, durante 31 años.

Hablan de "consolidar la reputación del Poder Judicial" y preservar su “credibilidad y seriedad” ¿Saben que al día de hoy solo hay dos condenados? ¿Saben cuántos jueces tenemos desde la época de la dictadura? ¿Saben cuántos fiscales? ¿Saben que el Fiscal que representó al Estado en el juicio contra el genocida Julio Simón (alias Turco Julián) está denunciado por presenciar torturas en la época de la dictadura? Frente a él tuvieron que declarar los sobrevivientes. ¿Saben que el sumario que se le abrió a partir de nuestras denuncias lleva casi dos años de trámite?

Dicen que hay propuestas "para mejorar el desempeño del tribunal que condenó a Miguel Etchecolatz", precisamente el único que reconoció la existencia de un genocidio en nuestro país. Les preguntamos si hay propuestas para "mejorar" el desempeño del Tribunal Oral Nº 5 que condenó al Turco Julián y que en su sentencia reivindica la teoría de los dos demonios; o el del Juez Torres, a cargo de la causa ESMA; que ya lleva tres años y medio “investigando” el campo de concentración con más pruebas del país y todavía no procesó a todos los represores; o para "mejorar" el desarrollo de la Causa San Martín desguasada en infinitos expedientes individuales. Esas propuestas tampoco parecen alcanzar a las causas tramitadas en el interior del país paralizadas por la complicidad de los jueces que se excusan uno tras otro ni a la Cámara de Casación Penal que cajonea por años los expedientes que le llegan.

Dicen que en el desarrollo de los juicios orales, "la defensa ocupa un pequeño espacio, el acusado y un abogado, a menudo el defensor oficial. Por el lado acusador hay, literalmente, docenas de abogados. El efecto visual sugiere una asimetría, falta de equidad." Tan preocupados por las apariencias les decimos que esa "asimetría" es la realidad. Existe porque en nuestro país hay 30.000 desaparecidos, porque si hoy tenemos la posibilidad de juzgar a los genocidas es por la lucha de los organismos de DDHH, porque gracias a esa lucha somos millones los que queremos verlos tras las rejas. La asimetría es la de unos pocos genocidas contra todo un pueblo que fue sometido al Terrorismo de Estado. Lo que llaman falta de equidad, se llama derecho a decidir cómo queremos llevar adelante nuestras querellas, decisión que nadie debe tomar por nosotros.

Nos informan que ″la sentencia contra Etchecolatz que innovó con el delito de “genocidio”, no tipificado en la legislación penal argentina, eriza la piel a abogados de sólida formación (que) cuestionan esa ‘creatividad’… “. ¿Les preguntamos si también les erizó la piel la ″creatividad de la Corte Suprema de la Nación cuando en el fallo en el que declara la inconstitucionalidad de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, entendió que la Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad, podía aplicarse retroactivamente? ¿O cuando ″innovó″ considerando que uno de esos delitos imprescriptibles, la desaparición forzada de personas, podía ser utilizado aunque no estuviera tipificado en la legislación argentina? ¿O cuando leyendo el mismo fallo de la Corte encontraron que por cinco o seis veces se cataloga al genocidio, junto con la tortura y la desaparición forzada de personas, como crímenes de lesa humanidad que, más allá ″de aspectos tales como la tipicidad y la prescriptibilidad″, el Estado Nacional tiene el deber de castigar por su incorporación a un sistema internacional que considera imprescindible el castigo de esas conductas como así también la protección de las víctimas frente a disposiciones de orden interno que eviten la condigna persecución de sus autores.″?

Enojados por los reclamos al Presidente, nos informan que Kirchner no integra el Poder Judicial y que las quejas debemos dirigirlas a la Corte Suprema; los instamos a que no se preocupen ya que allí también nos hemos dirigido tan rápido como los lentísimos tiempos de la "justicia" nos lo permitieron.

Y de paso aseguran que ″está consolidada la voluntad política de juzgar a los represores″. Parecen olvidar que Néstor Kirchner es el Presidente de la Nación y que de su decisión política depende, por ejemplo, que la Secretaría de DDHH juegue el rol que le corresponde, que sean nombrados los jueces para ocupar los cargos vacantes, que se inicie juicio político a los jueces y fiscales cómplices de la dictadura, que estas causas tengan el personal y la infraestructura que necesitan, que el Procurador General de la Nación instruya a los fiscales para que eviten el desmembramiento de las causas en varios juzgados o en infinitos expedientes donde se analiza víctima por víctima, que se anulen los decretos con que Menem indultó a los genocidas. Lo que sí está consolidado, señores funcionarios, es el discurso de que existe voluntad política de juzgar a los represores, pero, como dice el proverbio, "Del dicho al hecho, hay mucho trecho".

Luchamos por Memoria, porque queremos que el país por el que lucharon los 30.000 desaparecidos se haga realidad, porque queremos que el genocidio que sufrió nuestro pueblo sea castigado, porque queremos terminar con la impunidad.

Y eso, señores, tan preocupados por las asimetrías, las equidades y las apariencias, recién será realidad el día que en nuestro país haya justicia, en vez de parecer que la hay.

Asociación de Ex Detenidos-Desaparecidos